Un informe de la Contraloría General de la República detectó pagos improcedentes del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a personas fallecidas, concejales y a familias que superaban el umbral de ingresos establecido por la ley, entre otros.
Lo anterior a raíz de una auditoría y examen de cuentas del proceso de otorgamiento y pago del IFE, uno de los apoyos económicos registrados durante la pandemia de coronavirus, pero más específicamente respecto al primer y segundo pago de este, que se dio entre el 22 de mayo y el 31 de julio de 2020.
De acuerdo a lo detallado por la Contraloría, se efectuaron cruces de información entre los antecedentes y bases de datos otorgados por la Subsecretaría de Evaluación Social, respecto de los beneficiarios del IFE, que fueron remitidos por el Instituto de Previsión Social (IPS); y los datos obtenidos por otras fuentes como el Registro Civil, el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Electoral (Servel) y la Policía de Investigaciones (PDI).
En esa línea, se afirmó que el IPS ejecutó, entre mayo y junio de 2020, un monto presupuestario de $308.697.048.500, de lo cual se pagó $300.475.904.500 al 30 de junio de dicho año, encontrándose $8.221.144.000 como pendiente de pago.
Además, en el proceso de validación se determinó un pago improcedente del beneficio en revisión, por un total de $309.980.768.
En el desglose hecho por la Contraloría se apunta que la Subsecretaría de Evaluación Social envió al IPS, como beneficiarios del IFE, a 60 personas que estaban muertas al momento de la determinación del beneficio, lo que equivale a un pago de $2.643.000 a junio de 2020.
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Otro punto es que se asignaron beneficios a 1.276 hogares, donde se verificó la existencia de boletas de honorarios electrónicas emitidas en marzo de 2020, las cuales superaban el umbral establecido por la legislación, de lo cual se constató el pago de $166.748.000.
Y se detectó como beneficiarios a 192 personas a contratas pertenecientes al sector público, lo que implicó el pago de $8.990.275 por este concepto; y a 37 concejales que también recibieron los montos, equivalente a $2.382.400. Todo lo anterior, incumpliendo la normativa, pues se establecía que el IFE no le correspondía a personas con ingresos formales por funciones en el sector público.
Por otra parte, se determinó que se pagó el beneficio a 1.743 personas que presentaron ausencias en el país, lo que implicó un desembolso de $98.612.400. Y cabe mencionar que la legislación establecía que no podrían solicitar el IFE ni serían considerados para determinar el número de integrantes del hogar las personas que se hubiesen ausentado de Chile por 120 díaso más durante los últimos 180 días corridos, contados desde la entrada en vigencia de la ley.
Además, se determinó que 398 personas que registran RUT inválidosante el Registro Civil recibieron el beneficio, lo que equivale a $30.604.693.
