A cinco años del 18 de octubre de 2019, que marcó el inicio del estallido social en Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un informe con las querellas que presentaron por violaciones a los derechos humanos durante las protestas y advirtieron una situación de “impunidad”.
El organismo cifró en 2.306 los casos de apremios ilegítimos por los que presentaron querellas, 563 casos de torturas, 243 por violencia innecesaria y 121 por otro tipo de vulneraciones.
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De todas estas querellas presentadas contra agentes del Estado, como funcionarios de Carabineros de Chile o las Fuerzas Armadas, sólo 42 tienen condenas firmas y ejecutoriadas.
En total, fueron 3.828 víctimas, con un promedio de edad de 26 años. El 75% de ellos son hombres y el 25% mujeres.
Por estas cifras es que la directora regional metropolitana del INDH, Beatriz Contreras, advirtió que existe un panorama de “impunidad" en Santiago, pero también se replica en el resto de Chile.
"Esta situación es del todo preocupante, porque se repite en el resto del país. Por ejemplo, en la región Metropolitana, de las 1.383 querellas ingresadas, contamos hasta la fecha con 11 sentencias condenatorias. ¿De qué nos da cuenta esta situación, y qué es lo que genera preocupación para el INDH? Es que estamos en una situación de impunidad", manifestó Contreras.
"A cinco años de ocurrir los hechos, no puede ser que la respuesta judicial sea la cifra que estamos conociendo el día de hoy", agregó.
Las cifras tomadas por el INDH para sus análisis tomaron datos desde octubre de 2019 hasta marzo de 2020, cuando con el inicio de la pandemia se acabaron las manifestaciones masivas y principales hechos de violencia.
