"Imputación inaceptable": Ministerio de Defensa refuta informe anual de Amnistía Internacional
"Imputación inaceptable": Ministerio de Defensa refuta informe anual de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional (AI) publicó el reporte “Los derechos humanos en las Américas: retrospectiva 2019”, informe anual en el que incluyó la situación registrada en Chile a raíz del estallido social que comenzó en octubre de 2019.
Debido a esto, el Ministerio de Defensa, liderado por Alberto Espina, publicó una aclaración donde refuta ciertas afirmaciones que acuña el documento.
“Amnistía Internacional insiste en afirmar que el Ejército hirió deliberadamente a personas con la intención de desalentar las manifestaciones que se iniciaron en octubre pasado en nuestro país”, afirma el Ministerio al comienzo del comunicado.
Sin embargo, "al plantear esto, Amnistía Internacional nuevamente hace una afirmación absolutamente falsa, que constituye una imputación inaceptable y que carece de fundamentos que la justifiquen", agrega el escrito.
"Durante los nueve días que duró el Estado de Emergencia, las Fuerzas Armadas actuaron, por mandato del Presidente de la República, con la única finalidad de restablecer el orden público para proteger a los chilenos y la infraestructura crítica, ante la amenaza que representaba la ola de ataques y el vandalismo", continúa.
“Su actuación se ajustó a las normas que regulan el uso de la fuerza, siguiendo los principios de necesidad, proporcionalidad y gradualidad correspondientes, así como el ejercicio del derecho a la legítima defensa propia y de terceros”, sentenció el Ministerio de Defensa.
Cabe destacar, que en el informe de Amnistía Internacional, el organismo indica que “Chile cerró el 2019 con la peor crisis de derechos humanos, desde el régimen del general Augusto Pinochet”.
En dicho documento, AI aseguró que “las manifestaciones se encontraron con una fuerte represión por parte de las fuerzas del Estado, que intentaron justificar su uso de la violencia contra manifestantes, alegando que tales medidas eran necesarias para proteger las infraestructuras y la propiedad privada frente a daños y vandalismo”.
