Un total de 2 mil 623 requerimientos de traslado de penal o módulos carcelarios recibió la Defensoría Penal Pública (DPP) durante 2015. Una cifra que representa un 19,8% del total de solicitudes que ingresan personas privadas de libertad al organismo y que supera a las peticiones de permisos de salida, reducciones de condenas o de libertades condicionales.
Un número que a juicio de la DPP está directamente ligado a las malas condiciones de los recintos carcelarios y a los riesgos de violencia que enfrentan los reos.
“Tiene mucha relación, sobre todo con el hacinamiento. Las condiciones son malas en todas las cárceles, sin embargo el hacinamiento y falta de control de lo que ocurre en las cárceles provoca una situación de inseguridad en los presos. Hay muchas pugnas que se encuentran en situación tal de riesgo que ante tales amenazas piden traslados, y es el único mecanismo que ha resultado eficaz”, señala a T13.cl Rodrigo Lillo, abogado de la Unidad de Defensa Especializada de la DPP.
Las precarias condiciones carcelarias quedaron en evidencia el pasado martes, luego que se conociera el lapidario informe de la Corte de Apelaciones tras una visita a los recintos de la región metropolitana durante el segundo semestre de 2015.
Condiciones “absolutamente inhumanas”, pestilencia, hedor y hacinamiento que, en ocasiones, vulnera "la dignidad humana”. Reos que comen con las manos y que tienen su última ración -fría, a rato congelada- a las 17 horas. Capacitación que muchas veces queda a merced de la autogestión de los propios presos. Personas que permanecen más tiempo del que les corresponde producto de la demora en la tramitación de los decretos de la Comisión de Reducción de Penas. Esto es sólo síntesis del duro informe del tribunal de alzada y que encendió las alarmas en el Gobierno, que reconoció una “deuda” con el sistema penitenciario.
Lillo señala que lo expuesto por la Corte de Apelaciones “no es nuevo para nosotros. Tenemos claridad, nuestros defensores que van diariamente a las cárceles, donde ven situaciones realmente burdas que uno no se imagina que ocurren, desde cañerías que se rompen, alimentación insana, falta de atención médica".
Sin embargo, reconoce que muchas veces los presos no demandan sobre esas situaciones, pues “probablemente lo tienen incorporado a su situación de desgracia”. Otros “entienden que no pueden salir, pero sí piden traslado para soslayar esas dificultades”.
De acuerdo a los datos de la Defensoría y a los que accedió este medio, del total de 2 mil 623 solicitudes de traslado de unidad penal o módulo, 741 pertenecen a la zona Metropolitana Norte que incluye los penales Colina I y II, además de Santiago Sur (ex penitenciaría), justamente los que evidencian mayores deficiencias en el informe de la Corte Suprema.
“La cantidad de internos que duermen casi apilados, unos sobre otros, en reducidos espacios, con nula ventilación y luz natural, en condiciones insalubres, con presencia de chinches y otros parásitos”, señalaba el informe del tribunal de alzada sobre la ex penitenciaría.
Otras 443 solicitudes de traslado provienen de la región de Valparaíso, donde la Cárcel del Cerro La Polvora reúne a buena parte de las personas privadas de libertad en esa zona. En tercer lugar se ubica la zona metropolitana Sur que reúne penales como las cárceles de mujeres de San Miguel y San Joaquín, así como los penales de Puente Alto y Talagante, que si bien no están en buenas condiciones, no experimentan el colapso de Colina II o la ex Penitenciaría.
Un tercer factor que se suma a las motivaciones para pedir un cambio de recinto se vincula con los casos de personas que son trasladadas a zonas alejadas de sus familias.
De esta forma, el informe de la Defensoría señala que a partir de la comparación del comportamiento de los requerimientos en los años 2014 y 2015 es posible afirmar que "un gran problema que afecta al régimen penitenciario chileno, dice relación con la política de ubicación y traslado de los internos que ha desarrollado Gendarmería de Chile en el último tiempo. Eso se refleja en que los requerimientos con mayor incidencia sean efectivamente los relacionados con traslados, ya de módulos, ya de unidad penal".
A estas cifras se agregan las peticiones de traslado que realizan los presos directamente al alcaide respectivo, las que no llegan a la Defensoría.
