Un grupo de alcaldes llegó hasta el Palacio de La Moneda para entregar una carta en la que se le solicita al Gobierno usar el 2% constitucional para enfrentar la delincuencia.
Entre los jefes comunales que concurrieron hasta la sede del Ejecutivo fueron Evelyn Matthei, de Providencia; Germán Codina, de Puente Alto; Daniela Peñaloza, de Las Condes entre otros; y la misiva contó con la firma del alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri; de Villarrica, Germán Vergara; y de Los Andes, Manuel Rivera, entre otros.
Según contó Matthei, en la entrega también participaron parlamentarios, con la intención de hacerle un llamado al Presidente Gabriel Boric a decretar el uso del 2% constitucional "y así hacer frente a la situación de conmoción interna derivada por una serie de graves problemas en materia de seguridad pública".
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Al respecto, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, apuntó que la situación de seguridad "no se trata de una comuna, no se trata de una región, se trata de todo el país y usted Presidente es quien nos tiene que entregar esa tranquilidad, porque usted es el Presidente de todos los chilenos y lo necesitamos ahora, no a partir del 5 de septiembre".
Y es que, de acuerdo a lo alegado por los jefes comunales, existe un fondo de recursos que depende de la voluntad del Presidente de poder utilizarlo para abordar los hechos de delincuencia que se han registrado en distintos puntos del país.
Cabe mencionar que es el segundo gesto de la oposición que se registra en los últimos días en torno a la materia, dado que diputados UDI concurrieron este lunes hasta el Palacio de La Moneda para pedir que el mandatario use el 2% constitucional para combatir la delincuencia y el crimen organizado.
¿Qué es el 2% constitucional?
Se trata de un fondo económico que posee el país para decretar pagos no autorizados por la ley cuando existan necesidades impostergables vinculadas a una calamidad pública.
Dicha facultad es otorgada por el artículo 32 de la actual Constitución, que permite que el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley para tender necesidades impostergables, derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad de la sociedad o del agotamiento de recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse.
De igual forma, el total de los giros que se hagan no podrán exceder anualmente el 2% del monto de los gastos que se autorice en la Ley de Presupuestos.
La última vez que se utilizó el 2% constitucional en Chile fue en 2020, cuando el entonces Presidente Sebastián Piñera destinó $11.750 millones de dólares para tratar la emergencia sanitaria por el COVID-19.
