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Gobierno reimpulsa Ley Sayén: Evitaría prisión preventiva para madres de niños menores de 3 años

Gobierno reimpulsa Ley Sayén: Evitaría prisión preventiva para madres de niños menores de 3 años
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La norma suspende esta medida cautelar en el caso de las mujeres embarazadas o que tengan hijos menores de 3 años para evitar el abandono.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció que reimpulsará el proyecto de Ley Sayén que está en el Congreso, y que busca suspender la prisión preventiva para las mujeres que estén embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de 3 años.

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, se reunió con la Corporación Humanas, ONG Leasur, Corporación Mujer, Levántate, Red Acción Carcelaria, Fundación San Carlos de Maipo y ONG EnMarcha, antes de anunciar la reactivación del proyecto.

“Como Estado y como gobierno nos queremos hacer cargo de esta situación que puede ser muy nociva para el desarrollo de estos niños y niñas. El estar privados de libertad junto a las madres o el que se separe a los niños y niñas de las madres, tiene un impacto muy importante en una reproducción intergeneracional delictual, de la contaminación criminológica y de la involucramiento de los jóvenes después en delito”, puntualizó.

El proyecto nació tras conocerse el caso de la comunera mapuche Lorenza Cayuhan Llebul, quien en el 2015 fue detenida por robo y condenada a 5 años y 61 días, cuando tenía ya cuatro meses de embarazo.

En octubre del 2016, mientras cumplía condena en la cárcel de Arauco, comenzó a sufrir complicaciones en su embarazo, por lo que tras numerosos reclamos, fue derivada al Hospital Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán, allí se le practicó una cesárea engrillada y en presencia de un funcionario de la policía. La menor fue llamada Sayén.

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La intención de la norma es que las mujeres embarazadas o con hijos e hijas hasta 3 años, no cumplan su sentencia en un centro penal, sino que accedan a la suspensión de la pena, descartándose opciones como el arresto domiciliario, la internación de los niños en residencias familiares y la continuación de las unidades materno-infantil en las cárceles.

En mayo de 2021, la norma fue aprobada en general en el Senado y volvió a la Comisión de Derechos Humanos para ser discutida y votada en detalle, pero aún no ha sido puesto en tabla.

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