El Presidente de la República, Gabriel Boric, presentó este martes la Política Nacional contra el Crimen Organizado en la que estaba trabajando el gobierno hace algunos meses y con la que espera desarticular bandas y organizaciones criminales, además de debilitar su poder económico y financiero.
La política del gobierno tiene un enfoque desde el 2022 hasta el 2027 y su principal tarea será implementar medidas específicas para combatir los principales delitos y mercados criminales del país, que son el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de armas y municiones, el cibercrimen, contrabando y delitos medioambientales como el robo de cobre, madera y salmones; así como sus delitos conexos como homicidios y lavado de activos.
Cámara Baja aprueba conformar comisión investigadora por el caso La Polar
El plan promete ejecutar acciones para abordar la criminalidad organizada específica a cada territorio y consolidar un ecosistema de seguridad pública que asegure la unidad de acción del Estado en estas materias.
“Representa un plan estratégico para disminuir la actividad delictiva de las organizaciones criminales que operan en Chile, a través de la acción planificada y coordinada de las instituciones del Estado que colaboran en su prevención, control y persecución”, dice la presentación del gobierno.
En total, se destinarán más de 39 mil millones de pesos para fortalecer a Carabineros, PDI, Aduanas, Directemar, Unidad de Análisis Financiero y Gendarmería, en su misión de combatir este fenómeno.
En qué consiste el plan
La Política Nacional contra el Crimen Organizado conformará cuatro orgánicas para trabajar. Una será el Consejo Asesor para la Coordinación y Unidad de Acción en Materia de Prevención y Control del Crimen Organizado, otros los Consejos Regionales contra el Crimen Organizado, las Unidades de Coordinación Estratégica y las Mesas interinstitucionales para el abordaje de delitos de la criminalidad organizada.
El plan además, contiene diez ejes y cada uno de estos tiene cinco líneas de acción específicas.
- Eje 1: Fortalecimiento institucional e inteligencia del Estado, mejorando la coordinación respecto al intercambio y análisis de información, así como la capacidad de articular acciones conjuntas.
- Eje 2: Desbaratar la economía del crimen organizado, con una mejor respuesta estatal en prevención, detección, persecución penal e incautación de los beneficios obtenidos por el crimen organizado y en la lucha contra el lavado de activos.
- Eje 3: Disminuir el poder de fuego de las organizaciones criminales, mediante el fortalecimiento de los sistemas de detección y persecución de su tráfico ilegal y actualizando la legislación sobre tenencias de armas.
- Eje 4: Abordaje del crimen organizado en los recintos penitenciarios, previniendo su operación, el reclutamiento de nuevos integrantes y el contagio criminógeno entre personas privadas de libertad.
- Eje 5: Agenda Legislativa para mejorar la detección, investigación y persecución del crimen organizado, con una actualización del marco normativo.
- Eje 6: Actualización de equipamiento y tecnología, para que las instituciones competentes en la detección, persecución y desbaratamiento de las organizaciones criminales puedan contrarrestar la capacidad adaptativa de estas.
- Eje 7: Formación institucional y de capital humano de quienes enfrentan el crimen organizado para abordar sus dinámicas particulares y nuevas tendencias.
- Eje 8: Prevenir la corrupción en instituciones públicas, para que éstas no sean permeadas por las acciones de las organizaciones criminales.
- Eje 9: Aumentar la eficacia para enfrentar el crimen organizado mediante la reforma policial, incorporado en ella objetivos específicos para este fin.
- Eje 10: Fomentar la cooperación y coordinación internacional, optimizando los esfuerzos conjuntos y multinivel con otros países.
