El gobierno pidió a Carabineros una "investigación administrativa inmediata" luego que el Ministerio Público decidiera cerrar la denominada "Operación Huracán", luego que se detectara una "manipulación" en los teléfonos incautados y periciados por la institución a ocho imputados, y que luego fueron utilizados para la solicitud de medidas cautelares.
La medida solicitada por La Moneda en un comunicado difundido por la Subsecretaría del Interior, liderada por Mahmud Aleuy (en la foto) está "destinada a esclarecer las denuncias informadas por el Ministerio Público y que motivaron su decisión de no perseverar".
Esta investigación estará a cargo del subdirector de Carabineros, general inspector Julio Pineda, detallaron.
"El Ministerio del Interior y Seguridad Pública considera que, dada la gravedad de las informaciones difundidas, resulta indispensable que las investigaciones penales y administrativas se ejecuten en el más breve plazo", señalaron.
Por otro lado, señalaron que ante la denuncia de filtraciones de la investigación judicial, el Ministerio del Interior presentó una querella el 15 de enero, atendida la gravedad de los hechos, para establecer las responsabilidades del caso. A su vez, ofició a las instituciones aludidas en la filtración mencionada.
La "manipulación" de pruebas fue calificada como un hecho "inédito" y "gravísimo" por el fiscal nacional Jorge Abbott. El jefe del Ministerio Público detalló que se pudo determinar -a través de diversas pericias- que funcionarios de Carabineros "habrían incorporado con posterioridad a la incautación de esos teléfonos, la información en ellos contenida y que fue la que sirvió de base a la denuncia. Lo que constituye claramente una irregularidad gravísima".
