Gobierno: "no hay ninguna posibilidad" de retirar Ley Antiterrorista a comuneros en huelga de hambre
En silla de ruedas llegaron los cuatro comuneros mapuche quienes se encuentran en huelga de hambre hace 113 días hasta el tribunal de garantía de Temuco, donde este miércoles se dio inicio a la preparación del juicio oral en el marco de la investigación por su presunta participación en la quema de una iglesia evangélica en Padre Las Casas, ocurrida en junio pasado.
El lonko Alfredo Tralcal y los comuneros Benito Trangol, Ariel Trangol y Pablo Trangol evidenciaron un delicado estado de salud, a raíz de la huelga de hambre que encabezan exigiendo un "juicio justo" y la no invocación de la ley antiterrorista y testigos protegidos.
Durante la audiencia el juez Nicolás Martínez determinó que la declaración de 7 de los 12 testigos protegidos serán individualizadas, al menos, con sus iniciales. Junto con esto se solicitará la entrega de informes que de acuerdo a la defensa no estaban en la carpeta investigativa, relativos al tráfico de llamadas, informes de peritos forenses y discos con registros de llamadas e informes periciales.
Todos estos antecedentes deberán ser proporcionados a más tardar el 2 de octubre.
Tras concluir la audiencia, el jefe de la división jurídica del Ministerio del Interior, Luis Correa, fue enfático en que retirar la Ley Antiterrorista no es una opción: "no vamos a levantar la querella, no vamos a hacer una recalificación".
"No hay ninguna posibilidad procesal de retirar la querella. En este caso se cumplen todos los presupuestos materiales. Este es un caso de delito terrorista", sentenció.
Pese a esto, el representante del gobierno en la audiencia, hizo ver que "nosotros estamos muy preocupados, y así le hemos dado la instrucción al gobierno regional de garantizar la vida de los imputados porque la imputación no rompe la presunción de inocencia".
El abogado defensor de los comuneros, Pablo Ortega reforzó el llamado a La Moneda: "le pedimos a la Presidenta que ella de la orden, de que tal como lo hizo su antecesor Sebastián Piñera, que recalifique la querella como un delito común, que es lo que corresponde".