El ministro del Interior, Víctor Pérez, lamentó que los camioneros rechazaran la propuesta entregada por el Gobierno y aseguró que utilizarán todas las medidas para evitar el desabastecimiento y el bloqueo de caminos, no descartando aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado.
[LEE TAMBIÉN]: Camioneros rechazan propuesta del gobierno y deciden continuar con paro indefinido
Los conductores y dueños de camiones comenzaron la paralización el pasado jueves 27 de agosto para solicitar medidas de seguridad en el marco de los ataques registrados en el sur del país y piden conversar directamente con el titular de Interior.
"Le queremos decir al país que vamos a tomar todas las medidas para evitar el desabastecimiento y evitar los bloqueos de carreteras y para eso vamos a usar todos los mecanismos que nos franquea la ley para que a los chilenos y chilenas no les falten alimentos, no les falten remedio, no falten combustibles y todos los elementos que requieren y necesitan para su vida diaria y cotidiana", declaró Pérez.
Y agregó: "Lo que le cabe a la autoridad es usar todos y cada uno de los instrumentos que le franquea la Ley, y por cierto la Ley de Seguridad Interior del Estado es uno de esos mecanismos".
[LEE TAMBIÉN]: Pérez por paro de camioneros: "Al Gobierno no le queda otro camino que ocupar su autoridad"
¿Qué es la Ley Seguridad del Estado?
La académica de Ciencias Penales de la Universidad de Chile, Myrna Villegas, detalló hace algunos meses a T13 que se trata de "una ley que fue establecida para neutralizar de alguna manera las disidencias políticas. Tuvo sus orígenes con la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, la 'ley maldita' de (Gabriel) González Videla, la inmediatamente antecesora de esta ley".
"Toda la normativa dice relación con delitos que se comenten en el curso de rebeliones o en el curso de protestas generalizadas. En general son delitos contra la seguridad interior del Estado y ahí hay una gran diferencia, porque hay que mirar cuál es la finalidad de las personas al momento de ejecutar el delito", agregó.
Villegas detalló que, según lo que dicta la letra c del artículo 6, que invoca el Gobierno en su querella, las penas por estos delitos pueden ir desde presidio menor en su grado máximo —3 años y un día a cinco años de prisión— a presidio mayor en su grado mínimo —5 años y un día a 10 años de prisión—.
La abogada recalcó que lo importante es poder comprobar que los responsables querían afectar la seguridad Interior para que se configure la invocación de la ley.
"En general, así como corolario, no tiene mucho sentido una Ley de Seguridad del Estado en una democracia. Las leyes de seguridad del Estado son más propias de los gobiernos autoritarios que de las democracias", plantea la académica.
