Gobierno invoca ley de seguridad del Estado por ataque al Metro
El gobierno resolvió invocar la ley de seguridad interior del Estado, luego del incidente provocado en las líneas 4 y 4A esta mañana, que generó la interrupción del servicio durante poco más de una hora en pleno horario punta.
La medida fue informada por la intendenta Karla Rubilar tras participar de una reunión de emergencia que fue convocada por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y donde participaron representantes de la compañía, policías y fiscales.
Según detalló, se invocará el artículo 6 letra c de la norma, que apunta a quienes atenten contra el libre desplazamiento de las personas.
Y es que según explicó Metro esta mañana, la interrupción se originó producto del lanzamiento de neumáticos desde el exterior "que generaron humo en las vías".
Consultada si ambos hechos estarían vinculados, la intendenta Rubilar afirmó que "no tenemos certeza de que estuvieran concertados (ambos hechos) pero si tenemos indicios de que fueron muy similares en la forma que operaron".
"Creemos que estos eventos son extremadamente graves, muy condenables. Estamos en este minuto iniciando las acciones legales que corresponden, pero también estableciendo nuevos protocolos preventivos en materia de los puntos sensibles de las líneas de Metro y Tren Central. Obviamente también vamos a iniciar un trabajo conmensurado con las concesiones", agregó al respecto.
Según detalló Rubilar existen 38 puntos sensibles en la capital, y se organizará un protocolo para evitar que incidentes como estos vuelvan a ocurrir.
¿Qué es y cómo funciona la ley de seguridad del Estado?
La ley de seguridad del Estado o ley de seguridad interior del Estado data -como tal- desde 1958, en el gobierno de Ibáñez del Campo.
La norma tipifica delitos contra la soberanía nacional y la seguridad exterior del Estado; contra la seguridad interior del Estado; contra la normalidad de las actividades nacionales; y contra el orden público, que es este último caso.
En concreto, el gobierno invocó la letra c del artículo 6 que sanciona a quienes "inciten a destruir, inutilizar, interrumpir o paralizar, o de hecho destruyan, inutilicen, interrumpan o paralicen, instalaciones públicas o privadas de alumbrado, energía eléctrica, de agua potable, gas u otras semejantes; y los que incurran en cualquiera de los actos antedichos con el fin de suspender, interrumpir o destruir los medios o elementos de cualquier servicio público o de utilidad pública".
Sobre este punto, hubo un caso emblemático: el paro de los microbuseros el año 2002, quienes bloquearon importantes avenidas de la capital.
En palabras simples, el invocar la ley de seguridad del Estado permite agilizar la tramitación de las causas y elevar las penas de los imputados.