"No vamos a proteger a nadie, ni vamos a permitir que recursos que son de todos los chilenos estén mal utilizados".
Así lo enfatizó el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, al abordar los antecedentes dados a conocer anoche por Informe Especial de TVN en torno al pago de pensiones por inutilidad de segunda clase a ex funcionarios de las Fuerzas Armadas que no tenían incapacidades físicas. Dentro de este grupo de ex funcionarios que reciben estos pagos se encuentran al menos 13 condenados por causas de Derechos Humanos.
En una vocería junto a su par de Trabajo, Alejandra Krauss, el titular de Defensa aseguró que el gobierno ha realizado una revisión de los casos y que "todos los antecedentes que hemos recabado los vamos a enviar a la Contraloría General de la República para que analice y revise si esas pensiones pueden o no ser revisadas desde el punto de vista de la administración".
Del mismo modo, explicó Gómez, los antecedentes se llevarán al Consejo de Defensa del Estado (CDE), "para que determine si existe o no existe alguna situación irregular desde el punto de vista del sistema penal".
Adicionalmente, el ministro de Defensa hizo hincapié en que el gobierno cuenta con una mesa de trabajo, donde se busca "abordar los temas legales de cada una de las situaciones que eventualmente pudieran tener que ser revisadas y que tengan un contexto legal". La instancia tendrá un plazo de trabajo de máximo 45 días, "donde vamos a discutir y analizar cada una de las propuestas". Incluso, no se descarta la posibilidad de enviar una ley exprés.
Gómez explicó que la idea de la mesa de trabajo es abordar diversos aspectos. Uno de ellos, "entregar las instrucciones precisas que las comisiones de salud de las FF.AA tienen que tener un reglamento común. Segundo, que las pensiones tendrán que ser otorgadas de acuerdo al mismo reglamento que tiene el resto del sistema público".
En tercer lugar, dijo el ministro, "vamos a plantear en la mesa que vamos a trabajar con la ministra Krauss, las modificaciones legales que deben existir para evitar los abusos. Por ejemplo, la ley permite jubilarse por incapacidad de segunda clase y le permite a las personas trabajar en el sistema público, cosa que vamos a eliminar".
"Adicionalmente, para evitar que se produzca lo que hoy dia pasa en el ámbito de las contrataciones, que es que hay personas que se han jubilado y luego son recontratadas, estamos trabajando en una ampliación de la carrera militar. Es decir, las personas que se tienen que quedar van a entrar en un sistema normal y no a través de la recontratación", aclaró.
Diputados piden ley corta
"Aquí hay rasgos de fraude evidentes. Lo primero es revisar las condiciones de las pensiones de invalidez ya otorgadas, ver los diagnósticos médicos y anular las que fueron entregadas de manera fraudulenta", agregó Soto a La Segunda.
Además, agregó que solicitó enviar una "ley corta que se hace encargo de Capredena y Dipreca".
En esa misma línea se sumaron los diputados DC, Gabriel Silber, Yasna Provoste y Claudio Arriagada, quienes señalaron que "el Gobierno debiera ingresar junto con la reforma de pensiones una ley corta que termine con estos abusos".
