Un indulto humanitario a dos reos del penal Punta Peuco firmó el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a petición del Presidente Sebastián Piñera.
Según consignó La Segunda, la firma de los indultos se realizó de manera sigilosa, a tal punto que pocos funcionarios en el ministerio supieron de la medida.
Si bien el vespertino no entregó detalles de quienes fueron los reos condenados por causas de violaciones a los DD.HH que cumplirán su condena en sus respectivos domicilios, más tarde fue el abogado Raúl Meza quien aseguró a T13.cl que se trata de Raúl Rojas Nieto, de 84 años y condenado en el caso Caravana de la Muerte, y Víctor Mattig, quien cumple una condena de 10 años por delitos de secuestro. Ambos se encontraban internados en el Hospital Militar y el Hospital de la Fach, respectivamente, desde hace años, producto de diversas enfermedades.
De acuerdo al abogado a ambos reos se les notificó el decreto de indulto y están en libertad.
"Es una señal muy potente la que entrega el Presidente Sebastian Piñera al conceder estos indultos particulares a reos de avanzada edad con enfermedades crónicas, dando paso a una justicia humanitaria y no a la venganza judicial. Esperamos que se concedan más indultos a reos ancianos que estén en una condición de enfermedad crónica y terminal", afirmó Meza.
La firma de los indultos ocurre en un año donde las defensas de los condenados por delitos de lesa humanidad han intensificado las gestiones para poder lograr que sus representados puedan cumplir sus condenas en arresto domiciliario, considerando el escenario del coronavirus, donde varios presentan enfermedades basales que -según los abogados- los dejan con mayor riesgo en caso de un eventual contagio.
Esto, en línea con el indulto que el gobierno promovió para descongestionar los recintos penales y que benefició a 1.800 reos a nivel nacional. Una norma que, sin embargo, dejó fuera a los condenados por delitos de lesa humanidad, lo que generó un requerimiento de parlamentarios de oficialistas, quienes recurrieron al TC acusando una "discriminación" arbitraria, lo que fue desestimado por el organismo.
