Este martes, el Gobierno representado por la Ministra del Trabajo, Jeannette Jara y el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, firmaron un documentos con una serie de acuerdos con la CUT (Central Unitaria de Trabajadores).
En esta instancia, no se discutió sobre el aumento del salario mínimo, ya que según la Ley 21.578, el ingreso mínimo mensual llegará a 500 mil pesos el próximo 1 de julio.
Dentro de los principales acuerdos, se encuentra la creación de un observatorio de ingresos y costos de vida de los trabajadores, que debería instaurarse a más tardar en enero, y presentará su primer informe en marzo del 2025.
“El próximo año se va a volver a negociar el monto del salario mínimo, esa negociación no va ser solo sobre un monto, sino sobre criterios que tengan a la vista el costo de la vida, el nivel de endeudamiento de las familias, las posibilidades de las empresas, las brechas de género y los niveles de informalidad en el país”, detalló la ministra Jara.
Asimismo, según la titular de Trabajo, el observatorio “va a estar conformado por empleadores, trabajadores y el gobierno, que va a estar nutriendo de información técnica y precisa a las autoridades, sindicatos y empleadores”.
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Los acuerdos del Gobierno y la CUT
Por otra parte, se extenderá hasta el mes de agosto, el Bolsillo Familiar Electrónico (BFE), el aporte mensual de $13.500 que buscar ayudar a enfrentar el alza del precio de los alimentos.
Además, los combustibles podrán tener un alza máxima de $1.050 por litro. Esta medida regirá por los tres meses del invierno, hasta el mes de agosto.
El Ministro de Hacienda agregó que “hay un acuerdo para avanzar en iniciativas para reducir la informalidad laboral en el país”.
“En materia de Subsidio Único Familiar y Asignación Familiar se acuerda un reajuste de 4,5% a partir del 1 julio (…) Vamos a introducir una norma que va a permitir que personas que están recibiendo el SUF, al momento de obtener un empleo, mantenga el valor equivalente en asignación familiar”, explicó.
Otro de los acuerdos incluye medidas para fortalecer el rol de la Dirección del Trabajo, específicamente en su rol fiscalizador.
Y por último, se busca garantizar el acceso a servicios básicos de trabajadores del trasporte público.
