Un funcionario que robaba joyas desde las bodegas de la Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), más conocida como la "Tía Rica", fue detenido y quedó en prisión preventiva mientras dure el proceso de investigación.
La Dicrep presentó una denuncia y querella criminal por la sustracción de 26 alhajas, avaluadas en más de 64 millones de pesos, desde las oficinas del servicio en Talca, región del Maule. De esta manera, La Fiscalía local de la ciudad inició una investigación, ejecutada por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Talca, en donde se pudo comprobar no sólo el robo, sino que además el funcionario vendía posteriormente las especies sustraídas a casas de compra de oro.
Según el fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente, se descubrió la sustracción reiterada por más de un año por parte del funcionario. “Se pidió una orden de detención y el sujeto pasó hoy (martes) a la audiencia de control de la detención, donde se decretó su prisión preventiva mientras dure el proceso investigativo”.
Además, agregó, se logró establecer que se trata de un grupo de 31 alhajas, en donde 26 de ellas aparecen vendidas por el propio imputado a una empresa que compra oro en Talca, por un valor total cercano a los 29 millones de pesos de ganancia.
El detenido por el delito de malversación de caudales públicos es una persona de 43 años, sin antecedentes policiales.
El jefe de la Prefectura Provincial Talca de la PDI, prefecto Óscar Alvarado, complementó que el imputado era un empleado “que trabajaba en la institución hace cuatro años aproximadamente. Cumplía la función de recepcionar estas joyas y guardarlas en la bóveda. Desde el año 2022 al 2023 fue sustrayendo paulatinamente diversas alhajas, las cuales posteriormente vendía en una casa de compra de oro”.
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“Conforme a la querella criminal, se generó un perjuicio aproximado de 64 millones de pesos y la venta de estas joyas se traduce en un peso aproximado de un kilo y fracción de gramos de oro”, agregó.
El tribunal dispuso la prisión preventiva por peligro de fuga, fijando una caución de 7 millones de pesos, con un plazo de investigación de cuatro meses.
