Un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el año 2011 gatilló una investigación del Ministerio Público, la que tramitó en ese momento el fiscal José Morales, de la Zona Centro Norte. El persecutor realizó una serie de consultas a Carabineros respecto de la persona que motivó el ROS, el coronel en retiro Arnoldo Riveros, hoy en prisión preventiva por este caso. Las alertas de la UAF se dispararon por depósitos cercanos a los 48 millones de pesos en un año, mientras que la remuneración de Riveros superaba por poco el millón de pesos en esa época.
A raíz de lo anterior en la institución se preparó y entregó un informe, firmado por el ex jefe de la Dirección de Finanzas de la Institución, Flavio Echeverría (hoy indagado por haber recibido cerca de 110 millones de pesos) el cual provocó que la causa fuese archivada por Morales, a causa de una aparente falta de pruebas. La publicación de este antecedente puso el foco en el entonces coronel como el principal y hasta ahora único responsable de esta situación.
Sin embargo, un relato entregado el pasado 4 de agosto del 2017 por el contador Eduardo Pardo entrega antecedentes que evidenciarían cómo múltiples personas –todas vinculadas con el fraude– trabajaron al interior de Finanzas, con miras a sepultar antecedentes claves que habrían permitido detener la maquinaría que, según los cálculos del Ministerio Público, hasta ahora ha defraudado al estado en más de 26 mil millones de pesos.
Pardo es sindicado como miembro de la organización criminal según la formalización comunicada por el fiscal Eugenio Campos. Éste habría recibido desde cuentas bancarias institucionales poco menos de 124 millones de pesos. Su participación en el caso ha sido calificada de relevante en múltiples oportunidades por su conocimiento del Sistema de Gestión Financiera del Estado (SIGFE), situación que habría determinado su llegada a trabajar en Carabineros como CPR o Contratado por Resolución, después de haber trabajado en el Ministerio de Hacienda.
“El año 2011 en el mes de octubre según recuerdo, llegan dos oficiales de DIPOLCAR al Departamento III de Finanzas”, señala Pardo. Entre los oficiales de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), entonces dirigida por el hoy General Director de Carabineros Bruno Villalobos, se encontraba Gonzalo Alveal Antonucci, por entonces mayor, quien fue reconocido por Pardo porque éste lo había visto en la Academia de Ciencias Policiales de la institución (Acipol). “En la oficina de Flavio Echeverría en ese momento nos encontrábamos junto a Diego Valdés por razones del servicio, cuando recibe un llamado telefónico del general Iván Whipple en el que le informa la presencia de estos funcionarios”, asegura Pardo.
Después de que Echeverría recibiera a los oficiales, Diego Valdés y Randy Maldonado fueron llamados “luego de conversar con él (Echeverría) salieron muy demacrados y explicaron que el problema era una denuncia que había hecho Katherine Norambuena, quien era la presunta pareja sentimental de Arnoldo Riveros Gerdes”.
La desazón de ambos se debe, según Pardo, a que en la época de los hechos investigados, quienes contaban con firma giradora de cuentas institucionales de Carabineros eran Valdés y Maldonado. Sin embargo, el contador también sintió temor, ya que “yo había recibido dinero injustificadamente en mi cuenta y en el cotidiano del trabajo que me había dado cuenta (de) que muchos eran los que había participado recibiendo dinero dentro y fuera del departamento”.
En ese sentido, y “sin ningún ánimo de participar en un encubrimiento (…) le avisé a Fernando Pérez Barría, quien fue a la oficina de Flavio Echeverría”. Tanto Valdés como Maldonado y Pérez son sindicados como integrantes de la organización criminal en las múltiples formalizaciones de este caso.
Tras horas de espera, Pérez Barría le habría instruido a Pardo que debía buscar toda la información de SIGFE disponible para los años 2009 y 2010 sobre un proveedor llamado Leonardo Morales. “Estuve trabajando hasta cerca de las 3 de la mañana y verifiqué que no había nada a nombre de la persona que me ordenaron consultar”, recuerda para luego mencionar que en los dos días siguientes trabajaron en la redacción y estructuración del informe, el cual debía elaborarse “de acuerdo a la estructura de un informe de auditoría”.
Después de ser tipeado en el computador de Pérez Barría, el informe habría sido entregado para que fuera revisado por quien fuera el general Director de Finanzas de la época, Iván Whipple –imputado mas aún no formalizado en este caso– y Echeverría.
Los mayores de Dipolcar habrían regresado a Finanzas el día siguiente y habrían sostenido reuniones con Whipple, Echeverría y Pérez Barría. Después de estos encuentros, éste último le habría indicado al contador de que “la ponchera estaba pagada”, lo que Pardo interpretó que con esto “la cosa quedaría ahí, que ahí moría la cosa o el problema”.
Según Eduardo Pardo “el punto importante en ese informe, más que lo que fue informado está en lo que fue omitido, porque se informaron todas las cuentas SIGFE o fiscales y todas las internas salvo una, que era Valores en Tránsito”. Esta última cuenta a la que alude el contador es una de las que más ha concentrado la atención de los fiscales, considerando que según un informe de Contraloría, en Julio de este año tanto esa cuenta como la de Desahucios eran las únicas que alcanzan el 70% de revisión. También existe una nueva arista vinculada a los desahucios y pensiones de retiro irregulares de la institución. Valores en Tránsito fue cerrada como cuenta bancaria el año 2012.
Pardo acota además que en medio de esa situación el entonces coronel Echeverría mandó a buscar a quien fuese el jefe de gabinete del General Iván Whipple, Carlos Cárcamo (imputado en este caso), junto con el mismo Arnoldo Riveros y otro de los imputados relevantes del caso según el Ministerio Público: Nelson Valenzuela.
De acuerdo a múltiples fuentes consultas por T13.cl, existe una indagatoria de parte de la Fiscalía que apunta al delito de obstrucción a la investigación, y plantean que eso fue lo que ocurrió justamente con la investigación del 2011. Incluso el Fiscal Campos mencionó en audiencia que en esta oportunidad, antes de que estallara el Fraude, se intentó realizar sin éxito una operación similar, para que no saliera a la luz la mayor defraudación pública en el actual sistema procesal penal chileno.
