“Eran organizaciones distintas en tiempo, en espacio, estaban superpuesta, y operaban por separado, con designios criminales, objetivos, métodos y estructuras distintas”.
Así de categórico fue el fiscal Miguel Ángel Orellana –integrante del equipo que investiga el multimillonario Fraude en Carabineros– al describir lo que desde el Ministerio Público califican como una segunda organización criminal, que operaba también al interior de la institución.
Aparte de la asociación ya conocida, la que es presuntamente encabezada por el otrora General de Intendencia, Flavio Echeverría, se encontraría otra estructura organizativa, la que operaba principalmente en materias vinculadas a los retiros de los funcionarios, así como también de los desahucios de estos.
“Durante el proceso investigativo se ha seguido indagando en los distintos modos de realizar los fraudes y nos permitió escindir una línea vinculada, entre otros, al imputado José Inapaimilla y a los imputados de quienes hoy se discutieron las medidas cautelares, don Miguel Bettiz, doña Julia Bettiz, que a su vez oficiaban de reclutadores, nuevos civiles, que en definitiva permitían malversar caudales públicos originados como desahucios y pensiones en Carabineros. Esto resulta relevante porque nos ha permitido también definir nuestra teoría del caso y eventualmente también nos permitirá realizar una separación de investigaciones distinguiendo una estructura organizacional de otra”, precisó Orellana.
Inapaimilla ha sido sindicado en múltiples instancias como uno de los que encabeza la arista pensiones del caso Fraude, y preliminarmente se le imputan 600 millones de pesos. Si bien en esta investigación se imputan los delitos de asociación ilícita, malversación de dineros públicos y lavado de activos, a Inapaimilla se le suma el delito de falsificación de instrumento público, respecto de la entrega de pensiones fraudulentas de Carabineros, incluso a personas que no pertenecían a la institución.
A Miguel Bettiz se le investiga en el caso Fraude por haber recibido en agosto del 2010 y mayo del 2011 pagos por un total de 27 millones de pesos, y también se le acusa de operar como reclutador. Esta situación también se le imputa a su hermana, Julia Bettiz, la que según el Ministerio Público recibió en 4 pagos un total de 24 millones 177 mil pesos. Ambos hoy quedaron con arresto domiciliario nocturno.
Roces con la organización a causa del fraude
“Qué tanto si ustedes también la están haciendo, yo no me meto con ustedes, no se metan conmigo”. De esta manera habría respondido José Inapaimilla a Randy Maldonado y a Diego Valdés (ambos imputados en la causa) en un tenso almuerzo, según reportó en su declaración Juan Carlos Cereceda el pasado 26 de abril ante el Ministerio Público.
Este relato sería clave para establecer la existencia de a lo menos dos estructuras organizativas criminales distintas al interior de Carabineros. Según Orellana “esa declaración a la que usted hace referencia, que ya está en poder de las defensa, justamente da cuenta de eso, de la distinción de estas dos estructuras organizacionales, las que tienen finalidades distintas, métodos distintos, aun cuando existen oportunidades, a las que no me voy a referir ahora, que ambas se conectan, por determinadas personas, por determinados montos”.
Para el 16 de octubre está fijada la nueva audiencia de formalización en la que se les comunicarán los cargos a 21 personas, 10 de las cuales no habían podido ser ubicadas con anterioridad para que comparecieran ante el Séptimo Juzgado de Garantía.
