El viernes 8 de septiembre, el Séptimo Juzgado de Garantía respondió la solicitud del Fiscal Eugenio Campos, el que comunicó que pretende separar una serie de antecedentes que integran la investigación del mega fraude que afecta a Carabineros de Chile, el que hoy supera los 25 mil 700 millones de pesos. La intención del persecutor es dividir la indagatoria en tres aristas.
La primera corresponde al Fraude mismo, por la que hoy figuran casi un centenar de formalizados, y se indagan delitos como Malversación de Caudales Públicos, Asociación Ilícita y Lavado de Activos.
La segunda corresponde a la llamada “arista pensiones”, la que ya había sido anunciada por Campos el 2 de agosto, y apunta a situaciones que se indagan al interior del “Departamento de Pensiones en la Institución de Carabineros de Chile como además, en la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile –Dipreca-, entre otros”. Los antecedentes refieren a la “adulteración y falsificación de documentos, el hecho de haberse otorgado pensiones a beneficiarios sin cumplir los requisitos para ello sin haber tenido la calidad de Carabineros de Chile o familiares directos de estos”. Además se indaga la entrega de beneficios por supuesta invalidez de segunda categoría, sumado al “otorgamiento fraudulento de pensiones de invalidez en la misma”. Esto habría ocurrido, según el escrito, entre los años 2006 y 2017.
También el jefe regional de Magallanes tiene en la mira situaciones ocurridas “en el Departamento de Relaciones Públicas de la Institución de Carabineros de Chile” así como también otras circunstancias abordadas en “informes de la Contraloría General de la República respecto de auditorías efectuadas en el Departamento IV de Contabilidad y Finanzas de Carabineros de Chile”. En esta arista se indaga presunta malversación de caudales públicos, falsificación y uso de instrumento público, así como situaciones relacionadas con Lavado de dinero.
El Séptimo Juzgado de Garantía respondió que esta presentación del Ministerio Público se debe realizar nuevamente, pero “explicitando con claridad hechos, períodos de tiempo e imputados que se separan de la presente investigación”.
Pensiones a personas que no estaban en la institución
Parte de los hechos que alude la llamada “arista pensiones” fue tratada en la formalización del ex funcionario de la institución, José Inapaimilla. Este suboficial mayor se desempeñaba en el departamento P4 de esta unidad. Según el relato que se hizo en audiencia, él “se encargaba de adulterar reliquidaciones de pensiones de funcionarios y ex funcionarios de Carabineros de Chile y personas civiles ajenas a la institución, asignando beneficios que no les correspondían, agregando años de servicio, impetrando condiciones de salud y de invalidez para los pseudo beneficiados, o jubilando personas que jamás pertenecieron a Carabineros de Chile”.
A diferencia del resto de los imputados en la causa, a Inapaimilla –hoy en prisión preventiva– se le indaga justamente por la falsificación de instrumento público “destinado al pago de desahucios en la institución”. Estos se habrían confeccionado “con el propósito de obtener pagos ilícitos en beneficio de civiles sin ser estos parte de la institución”. Una vez que estas personas obtenían los pagos, ellas entregaban “sumas millonarias en forma fraccionada al imputado Inapaimilla y otros miembros de la organización”. Son a lo menos 600 millones de pesos los que se habrían malversado en estas condiciones.
El depósito del General Director Gordon a un subalterno
La otra arista estaría relacionada con el General director en retiro Eduardo Gordon (en la foto superior) y quien fuese su subalterno, el hoy General Jorge Serrano, a cargo de la Dirección de Bienestar de la Institución.
Tanto Gordon como Serrano declararon en calidad de imputados por un gasto cuestionado por la Contraloría General de la República en una auditoría en el año 2011. Según el informe del ente Contralor, hubo un cargo a la cuenta “gastos de representación, por concepto de presentes o atenciones realizadas con motivo de cumpleaños, de fiestas de navidad, de enlaces, donaciones y festividades varias, gastos que no se condicen con la normativa vigente sobre la materia”. Si bien Contraloría dio por subsanado el tema después de que Serrano mismo reintegrara poco más de 21 millones 700 mil pesos –obtenidos tras la petición de un préstamo institucional– esto comenzó a ser investigado por el fiscal Campos después de que se informara que Gordon le “devolvió” ese monto a su entonces subalterno, tras cursar un vale vista en su nombre por ese monto.
Esta situación fue abordada por Serrano en la comisión de la Cámara de Diputados que indaga las irregularidades financieras de Carabineros, el 31 de julio. Allí explicó que fue Gordon quien consultó “si yo efectivamente había pedido un préstamo para esto (…) me planteó que él sentía también la responsabilidad de asumir esto, por cuanto eran actividades protocolares”.
“Él tenía ahorros que eran provenientes de su período de consejero de Codelco, antiguamente el General Subdirector tenía una participación en Codelco como consejero, también como presidente del directorio de la Mutualidad, por lo tanto yo no tenía ningún motivo justificado, ni tampoco lo tengo ahora, para dudar de los orígenes de esas platas”, agregó el oficial integrante del Alto Mando.
