La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), un requerimiento contra las empresas Faasa Chile Servicios Aéreos Limitada y Martínez Ridao Chile Limitada.
El recurso acusa a las firmas de haber celebrado y ejecutado un acuerdo anticompetitivo para impedir, restringir o entorpecer la competencia en el mercado de combate y extinción de incendios forestales mediante aviones cisterna en el territorio nacional durante las temporadas comprendidas entre los años 2009 y 2015.
La FNE acusó que estas compañías acordaron su actuación conjunta en el mercado chileno y que, en el marco de ese acuerdo, determinaron condiciones de comercialización, precios y la participación de oferentes en procesos de contratación públicos y privados. Todo lo anterior con el objeto de asignarse contratos en el período referido.
El organismo pidió al Tribunal que aplique a Faasa una multa de 3.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a aproximadamente US$ 2,6 millones, y de 4.000 UTA (US$ 3,5 millones) a Martínez Ridao por esta conducta. Un monto que -explican- considera la gravedad y extensión temporal de la conducta, junto con el hecho que las requeridas han concentrado prácticamente la totalidad de las ventas asociadas a estos servicios, por lo que sus clientes, tanto públicos como privados, han debido pagar los precios del cartel al no contar con ofertas alternativas.
Entre los afectados se cuentan algunas empresas forestales privadas e instituciones del Estado, como la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi).
La investigación fue iniciada por el FNE luego de que un reportaje realizado por Ahora Noticias en 2017 diera a conocer de un acuerdo realizado en España entre empresas de combate y prevención de incendios y que ejecutaron delitos de alteración de precios en concursos públicos, los que se realizaron además en otros países como Portugal, Italia y Francia, además de España.
Las pesquisas incluyeron un allanamiento a las oficinas de las empresas investigadas en el país en mayo pasado y en donde se pudieron recopilar "antecedentes sobre reuniones y comunicaciones sostenidas entre ejecutivos de estas empresas para discutir sobre la participación de cada una en el mercado afectado".
