Flavio Echeverría y fraude en Carabineros: "Ellos pagaron mi silencio"

Tres veces ha declarado el general en retiro de Carabineros, Flavio Echeverría por los casos de fraude al interior de la institución y que son investigados por el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien ha liderado los interrogatorios al ex jefe de la Dirección de Finanzas.

El primer encuentro entre Campos y Echeverría tuvo lugar el 20 de enero y fue en calidad de testigo, ya que el persecutor buscaba entender cómo la unidad a cargo del general no se había percatado de millonarios traspasos a la cuenta corriente del capitán Felipe Ávila en Punta Arenas. En esa instancia - según consigna La Tercera- declaró que todo se debía a una falla del sistema computacional de remuneraciones e hizo énfasis en que la situación había sido solucionada por un subalterno. 

Pero, dos meses después, el 24 de marzo y frente al mismo persecutor, el ahora general en retiro e imputado, reconoció que había faltado a la verdad en su primer testimonio. “Efectivamente, reconozco que el 20 de enero declaré ante el fiscal, pero omití información que ahora quiero aportar”, exclamó.

En esa misma instancia, Echeverría dio detalles del proceso de "salidas informales de fondos" y contó cómo comenzó a recibir recursos en 2008, invitado por el coronel Arlondo Riveros, cuando trabajaba el Departamento III de Tesorería y Remuneraciones de Carabineros. “(Riveros) me dijo que había unos depósitos para mis gastos personales. Esos dineros que fueron por alrededor de $30 millones, los invertí y los gasté. En ese año yo tenía como remuneración líquida alrededor de $ 2.300.000", aseguró y agregó que nunca le contó a nadie de estas irregularidades, a la vez que confesó que se quedó con todos los montos que le fueron depositados.

“Con ese depósito, ellos pagaron mi silencio, ya que ellos sabían que el año siguiente yo me iba a Contraloría. Yo cuando controlaba tenía la fama de ser ‘pesado’ y detallista, pero ahora para el proceso informal pasaba a ser ‘un aliado’”, señaló Echeverría. El general (r) llegó a su nuevo trabajo en 2009 donde, según indica, los depósitos comenzaron a crecer y llegaron a los $60 millones en entregas parceladas de $20 millones. Los dineros que recibió el ex uniformado dijo haberlos utilizado en inversiones inmobiliarias en Providencia, en fondos mutuos y en la compra de un Jeep Gran Cherokee.

“En cuanto a un déficit, sinceramente no sé cómo se maquillaba, el presupuesto era flexible, por lo que si faltaba se pedía, este era una bolsa, se reasignaban recursos de otras partes”, indicó respecto del modus operandi que tenían para ocultar los desfalcos. 

El año 2010, Echeverría fue nuevamente trasladado. Esta vez llegó hasta el Departamento de Tesorería y Remuneraciones y asumió como jefe de la división. Durante 2011, declaró que "debo haber recibido la suma de $ 220 millones aproximadamente" y según se detalla, él percibió $60 millones en su cuenta, a parte de transferencias de varios funcionarios de la Intendencia, como el “mayor Ponce”, el capitán Randy Maldonado, el coronel Renato Sarabia, el coronel Arturo Rojas Henríquez y el comandante Pedro Valenzuela.

A finales de 2011, el jefe del Departamento es ascendido a General y confiesa que, tras cuatro años de recibir dineros de forma irregular, decide retirarse del grupo defraudador. De hecho, durante 2012 recibió algunos depósitos por $6 millones con lo que completó el monto de $420 millones por el que es investigado actualmente. 

“Durante el año 2011 y 2012, en mi calidad de jefe de Tesorería y Remuneraciones tomé la determinación de cortar con estos procesos anormales, pero nunca denuncié, ya que formaba parte de la misma y dispuse del traslado del personal que trabajaba en ella", agrega el imputado en su declaración.

En la última parte de su segunda declaración, Echeverría cuenta cómo comienza a destaparse el fraude al interior de la institución que contaba con los mayores índices de aprobación de la ciudadanía. Todo comenzó con la llamada de un funcionarios del Banco Estado, Alejandro Cobián, quien le consulta por el depósito de $ 300 millones en la cuenta corriente del capitán Felipe Ávila de Punta Arenas. "Yo dispongo que se averigüe de esto, llamo al comandante Nail y luego al coronel Paz, para que le diga a Nail que vea esa situación. Al día siguiente llega Nail y me indica que era error del calculador, el argumento de siempre. Dispongo que se proceda por Ávila a la devolución”, asegura el ex general.

Le segunda alerta vino desde el jefe de Inteligencia de la institución, el general Gonzalo Blu, quien informó a Echeverría sobre millonarios depósitos para los capitanes Estrada y Collao y que mostraban una operación similar a la denunciada en el caso de Ávila. 

Con todo, los dineros obtenidos de forma ilegal por Ávila, Estrada y Collao comenzaron a ser reintegrados a la institución en un proceso que se extendió hasta 2016 y que hizo posible la recaudación de $540 millones. Pero, el general (r) advierte que “estas devoluciones no se efectuaron de acuerdo al acto administrativo", por lo que supuso que "el proceso anormal seguía funcionando".

En la segunda conversación con Echeverría, el fiscal Campos le preguntó si es que dimensionaba que el fraude llegaba a los $20 mil millones. El ex uniformado solo respondió "nunca lo dimensioné, nunca”.

Nuevos antecedentes y vinculación de generales

Entre las revelaciones que realiza Echeverría en su declaración destacan aspectos nuevos y que no formaban parte de la investigación. Como lo es el supuesto pago de servicios de salud a ex funcionarios que no estaban activos luego del terremoto del 27/F. “Debo agregar que dentro de ese grupo estaban familiares de algunos generales en períodos anteriores, entre otros, la esposa del general (Eduardo) Gordon y la esposa del general (Eduardo) Vera. Acá se hacían pagos sin acto administrativo", indicó.

Asimismo confesó que existían pagos a abogados de funcionarios, como Mauricio Unda, quien ha defendido a funcionarios que están vinculados a casos de violación de Derechos Humanos. Respecto a esto, aseguró que los letrados recibían dinero que después "distribuían entre sus representados".

Otra de las aristas fue la de los gastos reservados y su uso. Esto ya que, un 10% de estos fondos eran asignados para "gastos varios" dentro de la institución. Pero, de acuerdo con Echeverría, eran utilizados para fines ajenos a la labor policial. 

“Se ocupan para comprar regalos de cumpleaños para los señores generales y sus cónyuges, como también para Navidad y, además, para los generales que se van a retiro. Se compran relojes para el matrimonio, por lo tanto, el aporte que yo recibo de los $ 450 mil está dentro de los $ 240 millones que se distribuyen para los señores generales. Lo que quiero decir, que se da un destino diverso al de la ley. La realidad es que los $ 600 millones por concepto de gastos reservados tienen un objeto legal distinto al comentario que le señalé en la pregunta anterior. Por cuanto dicho monto, en total, debería ser gestionado a la labor de Inteligencia a nivel nacional”, confesó el ex uniformado.

Estas nuevas aristas del caso están siendo investigadas por la Fiscalía Centro Norte y las diligencias están a cargo de Macarena Cañas, a quien el cuestionado general (r) le confirmó los antecedentes, al igual que lo hizo el ex coronel Jaime Paz. Ambos también aseguraron que el general director, Bruno Villalobos estaba al tanto del uso de estos fondos. 

La "herencia" del general Whipple

El 24 de abril recién pasado fue la tercera declaración del ex general frente al fiscal Campos. En esta profundizó sobre sus acusaciones en torno a la distribución de los gastos reservados y acompañó su testimonio con planillas donde se detallan los montos y nombres entre los que fueron repartidos los dineros. Entre los nombres destacan los últimos cuatro generales directores: Villalobos, González Jaure, Gordon y el fallecido Bernales. Asimismo aparece la ex subsecretaria, Javiera Blanco.

Pero en la documentación también aparece el antecesor de Echeverría en la Dirección de Finanzas, Iván Whipple. De acuerdo con el testimonio del general (r), él heredó "las directrices de continuar con la distribución de gastos reservados de parte del general Whipple, él me pasó la lista”.

Otro de los nombres que se destacan en la declaración es de un funcionario de la Dirección de Presupuestos a cargo de los ministerios de Hacienda durante los gobiernos de la Concertación. Se trata de Huego Zúñiga quién, según la declaración del imputado, le habría sido presentado por el coronel Fernando Pérez. "En esa oportunidad me quedé conversando con él (Zúñiga) y se acordó que yo mensualmente continuaría realizándole la entrega de su pago en un sobre con la suma de $ 500 mil aproximadamente, por concepto de sus servicios de asesorías", denunció el ex uniformado.

El rol que habría cumplido el funcionario de Presupuestos era que les indicaba cómo debían "defender y plantear" el saldo inicial de la caja de la institución cada año. En ese sentido, aseguró que Zúñiga “conocía perfectamente a las otras instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden”.

La vinculación del general Cienfuegos

Finalmente, Echeverría termina su tercera declaración señalado que, supuestamente, Carabineros habría pagado un tratamiento médico de la esposa del entonces general director, Alberto Cienfuegos. Lo anterior mediante un traspaso directo desde el Departamento I de Presupuestos y Finanzas al Hospital de Carabineros.

Otra de las acusaciones en torno a la otrora máxima autoridad de la institución, es que el general (r) señala que "se comentaba que el matrimonio del hijo del general director Alberto Cienfuegos habría sido pagado con recursos del Departamento Relaciones Públicas de Carabineros, con apoyo del Departamento I de Finanzas".En esa misma línea denunció que los garzones que dieron servicio durante el evento habrían sido alumnos de la Escuela de Carabineros que dependían del grupo de formación de la institución.

Estas últimas acusaciones no son acompañadas de mayores antecedentes por parte de la ex autoridad e indicó que se trata de comentarios que se realizaban durante el mandato de Cienfuegos y les señala que los funcionarios de Bienestar y Finanzas pueden aportar más datos sobre estos supuestos.  

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