La Corte Suprema condenó, este jueves, al fisco a pagar una indemnización de 380 millones de pesos a la familia de Mario Morris Barrios, quien fuera ejecutado en octubre de 1973, en la localidad de Pisagua. La esposa, el hijo y los hermanos de Morris serán quienes reciban esta compensación.
La víctima, que no tenía militancia política al momento de su detención el 11 de septiembre de 1973, era funcionario del Departamento de Investigaciones Aduaneras y había sido recientemente destinado a Iquique.
La edición del 26 de octubre del diario El Tarapacá publicó que Morris y cuatro hombres más “fueron condenados por estar confesos y ser autores de los delitos de traición a la patria y espionaje”. Pese a que el primero de los delitos no es procedente a aplicarlo a civiles, el hombre de 27 años fue detenido y ejecutado.
El fallo de la segunda sala del máximo tribunal acogió la demanda tras establecer la responsabilidad del Estado en delito de lesa humanidad. Los ministros Hugo Dolmestch, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y el abogado Antonio Barra votaron en esta decisión unánime.
“La Administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su finalidad es promover el bien común, y uno de los principios a que debe sujetar su acción es el de responsabilidad. En su artículo 4° dispone que ‘el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado'”, sostiene el fallo.
