Una investigación por eventual trata de personas abrió la justicia de Colombia en los últimos días. El objetivo es una agencia de viajes de ese país, “Viveonline”, que ofrece traslados desde Venezuela hasta distintos lugares de la región, incluido Chile.
La indagación comenzó la semana pasada y quedó a cargo de la Unidad Especializada de Trata de Personas de la Fiscalía de ese país.
“Viveonline” promociona sus servicios a través de redes sociales, los que incluyen traslado en bus desde Caracas, Venezuela hasta Colchane, en la frontera norte de Chile con Bolivia, Región de Tarapacá.
Dicha zona ha enfrentado una compleja situación en los últimos días, debido a la llegada de cientos de inmigrantes indocumentados que han cruzado desde territorio boliviano hacia Chile. La mayoría de ellos, según han informado las autoridades, de nacionalidad venezolana y colombiana.
El miércoles, de hecho, cuando ya habían cerca de 1.600 inmigrantes indocumentados en el pueblo de Colchane -que tiene el mismo número como cantidad regular de habitantes-, otros grupos intentaron cruzar el límite internacional, situación en la que dos personas fallecieron.
Según un reportaje publicado por Radio Bio Bío el pasado 18 de enero, “Viveonline” cobra 830 dólares por viajar en bus desde Caracas a Colchane. El periplo, además, se divide en dos tramos: desde Caracas a San Antonio del Táchira y desde este punto hastas Chile.
El viaje, de acuerdo al mismo reportaje, se extiende por cerca de ocho días. Al llegar a las zonas fronterizas -de Colombia con Ecuador, de Ecuador con Perú, de Perú con Bolivia y finalmente con Chile-, la empresa asegura que tendrá “equipos logísticos” para “orientar”. Y al llegar a la zona fronteriza con Chile “finaliza el servicio”, por lo que los inmigrantes quedarían abandonados.
Según quienes conocen el caso, la investigación iniciada por la justicia colombiana se produjo luego que desde el Gobierno chileno se les entregara información a las autoridades de ese país sobre la agencia “Viveonline”.
En Santiago explican que esto se produjo como parte de una ofensiva internacional para frenar el tráfico de migrantes, anunciada el 23 de enero pasado por el canciller Andrés Allamand y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli. Ese día, el ministro señaló que “los países deben colaborar en el plano judicial, policial y diplomático, para frenar este fenómeno que, en parte muy importante, se ve gatillado por la compleja situación humanitaria, de derechos humanos y de crisis política que existe en Venezuela”.
En ese contexto, Allamand anunció tres líneas de acción concretas. Primero, que se solicitó al fiscal nacional, Jorge Abbott, que el Ministerio Público tome contacto con las fiscalías de los otros países que se ven afectados por el tráfico ilegal de migrantes -Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia- para que en cada uno de ellos se investiguen, se juzguen y sancionen estos delitos transnacionales.
Segundo, que se solicitó al director general de la PDI, Héctor Espinosa, coordinarse con las policías de esos países, a fin de iniciar la persecución de las bandas criminales.
Y tercero, en lo diplomático, Allamand indicó que ya había contactado a sus pares de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, para establecer una mesa de trabajo.
