La jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, está investigando tres delitos sancionados por la Ley Electoral, los que tienen penas desde 41 días hasta tres años de cárcel, por los cambios al domicilio electoral.
Chong, quien asumió la investigación tras las denuncias del diputado de Renovación Nacional (RN) Nicolás Monckeberg, quiere determinar quiénes son los responsables detrás de las modificaciones, consignó La Tercera.
Entre sus primeras diligencias, estuvo el citar en calidad de testigo al director del Registro Civil, Luis Acevedo, además de realizar un análisis de la Ley Electoral, lo que le permitió acotar su investigación a tres ilícitos en particular.
El primer delito que está investigando, tiene que ver con el artículo 56 de la Ley Electoral, el que señala que quien por “negligencia extraviare documentos, solicitudes de cambio de domicilio electoral, solicitudes de acreditación de avecinda miento o destruyera información computacional que contenga antecedentes del Registro Electoral o de los padrones electorales y de los Padrones de Mesas Receptoras de Sufragios”, podrá ser castigado con penas desde 41 a 60 días de prisión.
En tanto, el segundo delito que investiga Chong está relacionado con el artículo 53, inciso tres y en él se sanciona con reclusión, desde 61 hasta 540 días, a todos aquellos que “ocultare, sustrajere o destruyere una solicitud de cambio de domicilio o una solicitud de acreditación de avecindamiento o los antecedentes que la acompañan”.
Mientras que el tercer ilícito se circunscribe al artículo 54, inciso número uno y tiene una pena de 541 días hasta tres años de cárcel y multas que alcanzan los $2,3 millones, para todos aquellos que “maliciosamente altere la información contenida en el Registro Electoral, en los padrones electorales, en los Padrones de Mesas Receptoras de Sufragio, en las Nóminas de Inhabilitados y en los antecedentes del Servicio de Registro Civil e Identificación y cualquier otro antecedente que pueda ser usado para conformar el Registro Electoral y sus actualizaciones”.
Nicolás Monckeberg enfatizó que “si hoy tenemos esta elección empañada por estos hechos es, al menos, por una grave negligencia de las autoridades. Y eso específicamente está tipificado como delito en el artículo 56 de la Ley Electoral”.
Agregó que, “debido a los problemas en el padrón se hace evidente que la ex ministra de Justicia Javiera Blanco tiene que declarar en este caso. Ella era la superior jerárquica del Registro Civil y estaba en conocimiento de esto”.
En lo que respecta al Servel, éste, a través un oficio reservado que envió al Fiscal Nacional Jorge Abbott, entregó nuevos antecedentes que señalan una presunta negligencia de parte del Registro Civil.
El documento, que data del 19 de octubre, “pone en conocimiento y remite antecedentes sobre información proporcionada por el Servicio de Registro Civil e Identificación para la actualización del Registro Electoral”.
Fue Elizabeth Cabrera, directora (s) del Servel, quien envió los antecedentes, los que dan cuenta de todas las comunicaciones, ya sea oficios o correos, que hubo entre las instituciones. En ellos se habría advertido la detección del error que modificó el padrón electoral.
El próximo martes, el Presidente de Consejo Directivo del Servel fue citado a declarar como testigo ante la Fiscalía. Ahí deberá aclarar la participación de la institución en el caso.
Las diligencias de la Fiscal Chong han buscado aclarar si el Registro Civil tenía en su poder declaraciones jurada de los electores, donde se autorizara el cambio de domicilio.
A su vez, Chong, inquirió acerca del contrato con Morpho, la empresa que estuvo a cargo de desarrollar la plataforma informática que modificó los padrones.
La empresa ha estado envuelta en una nueva polémica, tras saberse que el abogado que la representa, Francisco Zuñiga, trabaja en la firma en la que el nuevo ministro de Justicia, Jaime Campos, es uno de los socios.
