El fiscal jefe de Alta Complejidad de Rancagua, Sergio Moya, presentó un recurso de protección en contra del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, por lo que califica como una "ejecución arbitraria de orden de entrada y registro a domicilio particular y, además, apartada de la ley".
Moya hace referencia a la orden de allanamiento que ordenó Palma el pasado 8 de mayo alrededor de las 05:30 horas a su casa en la región de O’Higgins. Acción ejecutada por la PDI y que duró alrededor de diez horas en el marco del denominaco Caso Huracán.
En el recurso, Moya asegura que durante la incautación los funcionarios de la PDI "no portaban documento alguno" que acreditara la diligencia. Según detalló, la policía estaba junto al fiscal adjunto de La Serena, Ricardo Soto, y aseguraron contar con una "orden verbal de entrada, registro e incautación" autorizada por la jueza de Garantía de Temuco, Viviana García.
En ese sentido, Moya denunció que, a la fecha, "aún no se me exhibe ni orden escrita ni constancia de orden verbal alguna, que autorizase u ordenase tal medida intrusiva".
La diligencia intrusiva tuvo lugar luego de que la abogada Marisa Navarrete—pareja del fiscal Arias y abogada defensora del capitán (R) de Carabineros Leonardo Osses—, le hiciera llegar un correo electrónico entre Moya y el ex mayor de Carabineros Patricio Marín.
En el documento se daba cuenta de una serie de instrucciones de Moya al ex policía, con los pasos que se deberían seguir para elaborar el informe de las presuntas interceptaciones a mensajes de WhatsApp.
Relató en el documento que personal de la PDI y el fiscal Soto, luego de mantenerse por casi 10 horas en su domicilio, "la diligencia y su forma de ejecución aparecen como totalmente desproporcionadso, considerando que—como se ha dicho—lo que buscaba era un correo electrónico, que ya estaba a disposición de la investigación".
Además, calificó la diligencia de una "profundidad inusitada", ya que también se revisaron artículos personales de sus hijos, uno de ellos menor de edad, de su esposa y hasta sus medicamentos oncológicos. Todo lo cual, según el fiscal, afectó psicológicamente a sus hijos y física y psicológicamente a su esposa que está en un tratamiento médico.
Por todo esto, Moya señaló que el fiscal Palma debió haberse hecho cargo personalmente de la diligencia, ya que detalló que en su lugar envió a un fiscal de la IV región "sin mayor experiencia según lo que pude apreciar, y así se habrían evitado diversas complicaciones que se fueron generando".
Y agregó: "Aquello, a más de constituir una falta administrativa al no dirigir personalmente una diligencia de esta envergadura, revela una falta de acuciosidad profesional que puso en riesgo otras investigaciones a las que me encontraba avocado".
De esa manera, Moya pide al tribunal de alzada que se declare "ilegal y arbitraria" la diligencia solicitada por Palma ya que se trata de un persecutor "no habilitado legalmente para dirigir la investigación penal en mi contra" y por tratarse de un allanamiento que se extendió a "lugares y objetos no comprendidos por una orden dispuesta por un juez de Garantía, por abarcar bienes no relacionados con el objeto de la investigación, por ejecutarse de una forma arbitraria y abusiva y con vulneración a la dignidad de mi persona y familia".
