Durante la última semana se dio a conocer que 9 de las 12 investigaciones por lucro en educación llevadas a cabo por la Fiscalía Metropolitana Oriente fueron archivadas.
Tras las dudas respecto del desarrollo de las investigaciones, el fiscal de la Unidad de Alta Complejidad, Carlos Gajardo enfatizó que la lentitud en las pesquisas se debe a que "hasta la fecha no hay una ley que sancione como delito el que se lucre en una institución de educación superior".
Según consigna La Tercera, el persecutor especificó que “efectivamente existe un proyecto en el Parlamento destinado a sancionar dichas conductas”, pero que la legislación actual no contempla establecer sanciones frente a los hechos denunciados.
"Si ese proyecto llega a convertirse en ley, en el futuro la existencia de un posible lucro en la educación podría ser investigado, pero sólo a partir de la fecha en que dicha ley sea publicada en el Diario Oficial y sólo a partir de los hechos que ocurran posteriores a su publicación”, explicó.
Así, en caso de comprobarse la existencia de lucro en casas de estudio que fueron denunciadas antes de la entrada en vigencia de la ley, tampoco podrían ser sancionadas, puesto que dicha ley no sería retroactiva.
Las investigaciones sólo podrán iniciarse en torno a hechos ocurridos posterior a la publicación de la ley.
