Hace poco más de 15 días, la prioridad de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, dirigida por la abogada Ymay Ortiz, estaba radicada a los casos de femicidios y violencia de género en todo el país. Sin embargo, el estallido social la llevó a cambiar rápidamente su foco por las masivas denuncias de civiles por violación a los derechos fundamentales contra agentes del Estado. Ortiz aseguró que "acá no hay espacio para impunidad".
"La primero fue actualizar los criterios de actuación y adecuarlos a esta situación tan imprevista para todos en el sistema penal", aseguró la fiscal Ortíz.
Para abordar de mejor manera las 840 denuncias por presuntas violaciones a los DD.HH, la Fiscalía buscó colaboración del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y "la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile para que nos enviaran las denuncias", aseguró Ortiz y que, además, contaron con una minuta entregada por el fiscal nacional Jorge Abbott, para que todos los fiscales pudieran actuar correctamente en las invstigaciones de estas denuncias.
Consultada por la situación de la fiscalía, que no habíta tenido que investigar delitos en estado de excepción, ni tampoco le corresponde perseguir a militares, la abogada señaló que "los fiscales y funcionarios del país están con una presión enorme".
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"En esta tensión, por un lado, hay un aumento en delitos comunes en el contexto de las protestas y una necesidad no menor de justicia, y no me refiero a los saqueos de las grandes tiendas de supermercados, sino también todos esos pequeños emprendimientos, esas personas que han visto vandalizadas sus fuentes que en algunos casos no eran solo de ingresos, sino de vida", agregó.
En esa línea, la fiscal aseguró que en muchos casos de saqueo "se ataca también la integridad física y síquica de una persona" cuando hay vendedores dentro de sus locales que vieron su vida en riesgo.
"Lo importante es que así como vamos a perseguir las responsabilidades penales tras esos actos de vandalismo, vamos a perseguir con vehemencia -porque así lo han dicho el fiscal nacional y los regionales- los delitos de violencia institucional. Los fiscales están muy comprometidos con aquellas personas que han sido víctimas de agentes del Estado". recalcó la fiscal Ortiz.
Actualmente, la Fiscalía Nacional mantiene abiertas 23 investigaciones por muertes ocurridas en el contexto del Estado de Excepción de las cuales solo resta un cuerpo por identificar y que corresponde a una persona fallecida en un incendio de un supermercado en Maipú.
