Este sábado, el Juzgado de Garantía de Talcahuano dictó las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional a seis ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) de Talcahuano debido a su presunta responsabilidad en los casos de emergencias ambientales generadas el 4 y 21 de agosto de 2018, que afectaron las bahías de Talcahuano, y Quintero - Puchuncaví, en la región de Valparaíso, producto del manejo de crudo iraní en dichos sectores.
La formalización se produjo por la investigación de la infracción al artículo 291 del Código Penal, que establece que quienes propaguen indebidamente organismos, productos, elementos o agentes químicos, virales, bacteriológicos, radiactivos, o de cualquier otro orden y que puedan poner en peligro la salud animal o vegetal, o el abastecimiento de la población, serán penados con presidio menor en su grado máximo.
Ante esto, la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, aseguró que se debe destacar la colaboración de una fiscal especialista (Ana María Aldana) que ha trabajado de "manera exclusiva" en el caso.
"Este trabajo es fruto de la colaboración indispensable de la Policía de Investigaciones de Chile, a través de sus Brigadas de Medioambiente, en este caso la Bidema Metropolitana y la Bidema Valdivia. Estas dos unidades en colaboración con la fiscal especialista han hecho posible poner a disposición de este tribunal un trabajo sólido, serio y competente", agregó.
Sobre la medida cautelar y el tiempo que se dio para la investigación, la fiscal especializada en investigar delitos medioambientales, Ana María Aldana, aseguró que estas causas son "extraordinariamente complejas".
"Vamos a utilizar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición, a lo menos, para tratar de llegar lo más cercano a determinar lo que ocurrió (...) No solamente para profundizar en lo que ya tenemos como hechos, que ya dimos a conocer en la formalización, sino que también, para poder tratar de cerrar la historia con otras aristas que aun nos quedan pendientes", dijo.
