El Servicio Nacional de Migraciones confirmó la expulsión de 30 personas migrantes con antecedentes penales, durante este miércoles.
Fue la mañana de este 4 de octubre que despegó un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) con destino a Puerto Príncipe, Haití, y Bogotá, Colombia, para dar cumplimiento la masiva expulsión.
Si bien 26 personas fueron escoltadas por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) desde el Grupo 10 de la FACH, en una escala en Iquique abordaron otras cuatro personas más con sus respectivos escoltas.
27 de las personas son de nacionalidad colombiana y otras tres son de nacionalidad haitiana, quienes cumplían condenas inferiores a cinco años y un día, por delitos como robo con violencia, robo con intimidación, homicidio frustrado y tráfico de drogas, entre otros.
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Cabe mencionar que entre las personas expulsadas una había sido detenida en Colchane intentando ingresar a Chile con 11 kilos de marihuana que transportaba escondidos en piezas de bicicleta; otra fue detenida en Quinta Normal por provocarle lesiones graves a una persona a la que le disparó cuatro veces; y dos fueron detenidos en Iquique tras asaltar a dos personas a quienes golpearon, amenazaron y les quitaron sus pertenencias.
Desde Migraciones detallaron que el vuelo a Puerto Príncipe y Bogotá costó aproximadamente US$86 mil, apuntando que cada una de las expulsiones tuvo un valor de $2,6 millones, incluyendo el pasaje de ida para la persona y los de ida y vuelta para el escolta de la PDI, además de otros gastos operativos.
Adicionalmente, se aseguró que durante 2023, incluyendo este vuelo de la FACH, se han realizado 640 expulsiones, de las cuales 192 fueron administrativas y otras 448 fueron judiciales. Dos tercios de ellas se realizaron en vuelos de la FACH o comerciales, y un tercio por vía terrestre.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, manifestó que "el criterio es priorizar las expulsiones de aquellas personas que han venido a nuestro país a cometer delitos y tienen antecedentes penales, siempre con apego a la normativa legal y el debido proceso".
"Al mismo tiempo, estamos llevando adelante el proceso de empadronamiento biométrico de personas que ingresaron al país por pasos no habilitados, esto nos permite mejorar el nivel de información y elevar los estándares de seguridad del Estado", complementó.
