En resumen, el programa de formación de especialistas en Chile busca cubrir la entrega de servicios como medicina interna, pediatría, obstetricia-ginecología, psiquiatría, neurología, entre otros, con la finalidad de que en el transcurso de esta formación, los facultativos egresados colaboren con mejorar la resolutividad de los Consultorios Generales Urbanos, instalados en poblaciones con índices de mayor vulnerabilidad y en hospitales de alta complejidad.
Básicamente, el Estado forma a estos egresados quienes luego deben “pagar” su pasantía a través de la atención a pacientes en la red pública.
Pero no todos los profesionales cumplen con este compromiso y ello fue lo que recordó ayer Contacto, en su reportaje de investigación sobre “doctores fantasmas”.
En medio de este escenario, el ex subsecretario de Redes Asistenciales del gobierno de Sebastián Piñera, Luis Castillo, denunció en exclusiva a T13.cl, que “la ex ministra de salud Helia Molina, modificó el sistema de castigo para los médicos que no cumplen con este deber, liberándolos de pagar la multa que corresponde cuando evaden esta responsabilidad”, aclaró.
La ex autoridad sanitaria explicó que a fines de 2010, el Ministerio de Salud recibió un informe del Banco Mundial sobre un balance del panorama de los Especialistas a nivel nacional. Allí, se determinó que un 22% -en promedio-, exceptuando regiones como la de Atacama que registró un 30% y otras como Magallanes que presentó un 15%, se especializaban con Becas del Estado y no devolvían su pago asistencial obligatorio.
“Cuando se revisó esto, nos dimos cuenta que la caución era de 2 Mil UFs y que muchos de quienes no volvían a la red pública, lo hacían pagando esta fianza”, recordó Castillo.
Entonces, a principio de 2011 el Minsal de Jaime Mañalich –ex ministro-, modificó el sistema: la caución se gestionó con una escritura como garantía con aval bajo notaría y se aumentó la fianza hasta 4.500 UFs. Es decir, pasó de unos 28 millones de pesos a 100 millones, aproximadamente.
“Los retractores de este cambio fueron los médicos agrupados en Residentes Chile, quienes interpusieron recursos de protección contra el Minsal, por haber impuesto esta medida. En la Corte, ganamos esos recursos justificando que no gestionar una caución real, generaba un perjuicio para el Estado no sólo desde el punto de vista económico, sino que fundamentalmente porque atentaba contra la salud de la población”, recalcó.
“Pero Helia Molina el primer semestre de 2014 llegó a un acuerdo con los Residentes y eliminó la figura del aval. Esto permite que los especialistas huyan y no tengan que pagar obligatoriamente las multas”, reclamó.
Para Castillo existe una mirada estatizante que “destruyó lo bueno”, pero que todavía “no plantea una nueva estructura que funcione para el sistema público”, argumentó.
Residentes Chile: “La estrategia de Piñera era discriminatoria”
Los protagonistas de esta realidad, los médicos residentes, respondieron a T13.cl por las críticas de Luis Castillo.
Para Natalia Henríquez, presidenta de Residentes Chile, lo que se gestionó en el gobierno de Piñera fue la creación de una escritura pública, condicionada a un aval. Pero “estos montos eran variables, no existía una norma unificada y se generaban discriminaciones a través de este sistema”.
“Los Servicios de Salud establecían rangos de multas distintos según los casos y los requisitos para el perfil del aval de cada egresado, variaba según el centro asistencial al cual quería ingresar. Lo que logramos a través de la última modificación, es que los médicos cuenten con contratos claros que establezcan que son funcionarios públicos y que de esta forma, no se externalicen sus servicios”, recalcó Henríquez.
“No todos los residentes pueden contar con un aval, considerando su situación económica. Este punto es evidentemente discriminador y tenía que ser evaluado”, agregó.
Según Henríquez, en 2014 “se normó algo que no estaba normado”
Los residentes advierten que la mayoría de los especialistas “sí cumplen con su compromiso”, considerando que según las cifras del Minsal a abril de 2015, el porcentaje de incumplimiento es de un 3%. Es decir, el 97% de los médicos especialistas comprometidos con el Estado, cumpliría con los requisitos y trabajaría en el sector público.
