Daniel David Urrutia Laubreaux, 48, nació en 1974 en Santiago. Hijo de la profesora normalista Gladys Labreaux, ha contado que de adolescente lo entusiasmó la historia que contaban en su familia sobre un general mandado a guillotinar por Napoleón que habría impulsado la migración de esa rama de los Labreaux a Chile.
“En 1987 llegó un tío en un trasatlántico al país, desde Nueva Caledonia. Le relató que hubo una vez un general tercero de Napoleón Bonaparte que fue enviado al norte de Francia a aplacar una rebelión y él se negó, replicando que estaba para combatir enemigos de Francia y no a franceses”, consignó El Mercurio el 12 de septiembre de 2021. “Sus amigos consiguieron cambiarle la pena de muerte por extrañamiento y confiscación de bienes. Entonces reunió a sus 3 hijos y les dijo que había que irse. Uno partió a Nueva Caledonia, otro a Argentina y otro a Chile”.
Egresó en 1992 del San Ignacio de Alonso de Ovalle y entró a estudiar derecho en la Universidad de Chile, donde su participación política, ha dicho, fue a través de la Iglesia Católica. “Nunca tuve participación partidista, sino que me acerqué por el lado de la pastoral; participar en las romerías por la memoria de los detenidos desaparecidos”, dijo en noviembre de 2020 a Radio Sputnik.
Ingresó el 31 de marzo del 2000 al Poder Judicial, donde lleva 23 años. Fue juez de los juzgados de Garantía de Freirina (durante 2001); de Ovalle (durante 2003) y de Coquimbo (durante 2004). En 2006 llegó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde este miércoles debía encabezar las audiencias de la sala 302.
El 8 de abril de 2004 la Corte Suprema autorizó a Urrutia, entonces juez de Garantía de Coquimbo, a asistir a un diplomado en Derechos Humanos. Urrutia aprobó el curso y el 30 de noviembre de ese año envió a la Corte Suprema su trabajo final, donde proponía al Poder Judicial adoptar medidas de reparación por su rol en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. La Corte de Apelaciones de La Serena aplicó en marzo de 2015 una “censura por escrito” en su contra, que luego la Suprema bajó a una “amonestación privada” y en 2018 dejó sin efecto, pero presente en su hoja de vida.
La respuesta de Urrutia fue acusar en diciembre de 2005 una persecución en su contra y acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más tarde pidió un permiso sin goce de sueldo, y permaneció en México entre 2009 y 2012. Hizo clases en la Universidad Autónoma de Chiapas, consignó entonces La Tercera, y generó redes de apoyo a nivel internacional.
“Manifestamos nuestra preocupación por la persecución judicial a la que está siendo sometido el juez chileno Daniel Urrutia Laubreaux, a quien en los últimos 2 años se le han instruido 7 sumarios administrativos por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, afectando la independencia en el ejercicio de su función, por su defensa de los derechos humanos”, dijo una declaración del 25 de octubre de 2016 firmada por docenas de personalidades y organizaciones sociales mexicanas, reproducida entonces por El Mostrador.
El 6 noviembre de 2020 el tribunal internacional notificó que consideró al Estado de Chile responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión y a las garantías judiciales del juez. Resolvió compensarlo con US$ 27 mil por concepto de daño inmaterial y reembolso de gastos de litigio, pero rechazó pagar los $110 millones de remuneración que pedía por los 3 años que estuvo en México y los viajes que hizo a Chile en ese lapso.
El 25 de marzo de 2020, el juez Urrutia resolvió de oficio reemplazar la medida cautelar de prisión preventiva que afectaba a 13 imputados por delitos cometidos tras el 18-O —los denominados “primera línea”—, por la de arresto domiciliario total. El motivo que dio: el riesgo de contagio de coronavirus en las cárceles. Se trató de una medida inédita, que, argumentó, se basó en un acuerdo entre los jueces de su juzgado, pero que duró pocas horas. El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago se reunió de forma extraordinaria ese día y revocó la resolución.
Urrutia fue apartado por varios meses de sus funciones y enviado a un juzgado de cobranzas. También se abrió un sumario en su contra. En ese contexto se manifestó contra la prisión preventiva de los presos del 18-O. “La mantención de prisión preventiva en los casos del estallido social tiene un alto componente político. Por eso yo sostengo que hay presos políticos. Si hay casos que bajo delitos iguales en otro tiempo no estaban en prisión preventiva y ahora sí lo están, es sólo por un tema político. Que por ejemplo son los de desórdenes públicos que vimos ahora. La prisión preventiva está siendo usada como un castigo para los manifestantes”, dijo en noviembre de 2020 al sitio Sputnik.
El 23 de junio de 2021 el pleno del tribunal de alzada anuló su traslado y le permitió volver al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Ese año se convirtió también en un impulsor del lenguaje inclusivo. El 15 de julio de 2021 acogió un recurso de amparo presentado por las entonces convencionales María Rivera (Lista del Pueblo) y Manuela Royo (Movimientos Sociales Constituyentes), en favor de 11 personas detenidas durante una manifestación cerca de la Catedral de Santiago en favor de los presos del 18-O. Acusaron que la detención fue ilegal, lo que fue acogido. La resolución, sin embargo, llamó la atención por su redacción. “Lxs constituyentes mencionadxs fueron detenidxs por funcionarios de Carabineros y llevados a la Tercera Comisaría”, dijo el texto, abriendo un debate.
H. Larraín Matte: “El plebiscito puede ser sobre la Constitución de los expertos, y no la de Boric, Kast o Pinochet. Republicanos tiene la palabra”
Su vínculo con la desaparecida Convención Constitucional —cuya propuesta de nueva constitución fue rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022— fue más allá. El 25 de agosto de 2021 expuso ante la subcomisión de marco general de Derechos Humanos los motivos por los cuales estimaba que el Poder Judicial debía ser refundado, dichos que luego fueron criticados por la Asociación de Magistrados.
“Muchas gracias a todas, todos y todes”, dijo al partir su exposición, que realizó con una mascarilla azul con la estrella mapuche de 8 puntas wuñelfe. “Detrás de cada violación a los Derechos Humanos, un juez convalidó o se hizo cómplice o encubridora de aquello”.
El 30 de agosto de ese año publicó un tuit junto al video de un punto de prensa de los convencionales Manuela Royo y Rodrigo Rojas Vade (quien luego renunció tras conocerse su falso cáncer) y otros, diciendo: “Agradecer a les constituyentes y todas las personas que han apoyado la necesidad de refundar el poder judicial en Chile. No más una justicia heteropatriarcal machista, colonial, servil a las élites abusivas que han mantenido a los pueblos sin una verdadera justicia”. El 10 de abril de este año la Asociación de Magistrados confirmó la censura por escrito que se le aplicó en primera instancia por sus dichos sobre “refundar” el Poder Judicial.
El domingo 7 de mayo, día de la elección de consejeros constitucionales, publicó una selfie en la Estación Mapocho un mensaje que aludía a uno de los bordes del proceso establecidos por el Congreso: “Por un estado social y democrático de derecho, todxs a bordo”, escribió en Twitter.
Este miércoles fue un protagonista inesperado en la causa que busca esclarecer las responsabilidades penales de la arremetida policial del 2 de octubre de 2020 sobre el puente Pío Nono, que terminó con el entonces carabinero Sebastián Zamora impactando a un adolescente de 16 años, que cayó 7,4 metros hasta el lecho del río Mapocho.
Los representantes del ex cabo Zamora —Vinko Fodic, Alejandro Peña y José Antonio Villalobos— presentaron a primera hora una recusación en su contra en la Corte de Apelaciones de Santiago. Acusaron que el martes hubo un cambio de sala por parte del tribunal que dejó encabezando la audiencia de preparación de juicio oral a un magistrado con un sesgo en contra de Carabineros.
En el escrito de 13 páginas recordaron una publicación en Twitter del 6 de febrero de 2021 donde el juez escribió, en respuesta a la ex asesora de La Moneda Lucía Dammert, que “debemos disolver Carabineros y reemplazarla por una policía democrática, no militarizada, comunitaria, profesional y promotora y defensora de los DDHH”.
También citaron otra publicación suya en Twitter, del 30 de agosto de 2021, donde escribió: “Por una policía no militarizada, comunitaria, profesional y defensora de los derechos humanos, a refundar”.
“Del análisis de sus publicaciones en redes sociales queda de manifiesto que en esta causa el magistrado Urrutia Laubreaux carece de la imparcialidad necesaria para resolver las diversas cuestiones e incidencias propias de una audiencia de preparación de juicio oral”, consignó el escrito. Frente a la recusación Urrutia optó por retirarse de la sala 302 de manera que otro juez tomara la audiencia. Ésta continuó con el juez Patricio Álvarez Maldini. Los abogados retiraron entonces el escrito.
