Qué observar. El juez Paulo Orozco del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó este jueves liberar a Juan Francisco Villalobos Prado, 37, el pensionado de gracia del 18-O que, al comenzar a recibir el beneficio, estaba prófugo de la Justicia por estafa.
- Villalobos Prado comenzó a recibir en abril del año pasado una pensión vitalicia de 2 ingresos mínimos no remuneracionales, luego de que el 22 de febrero de 2023 el Ministerio del Interior pusiera el timbre al decreto exento 2787, firmado por los ministros Carolina Tohá de Interior y Mario Marcel de Hacienda.
- Entre abril y diciembre del año pasado recibió $5.698.168, informó Tesorería en respuesta a una pregunta vía Ley de Transparencia.
- El 23 de junio de 2022 —más de 6 meses antes de que se publicara el decreto exento que le entregó de por vida un ingreso mensual— la jueza Elizabeth Melero del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago había emitido una orden de detención en su contra, dirigida a la Policía de Investigaciones, por el delito de estafa.
- Villalobos Prado estuvo prófugo un año y medio, hasta que fue capturado la semana pasada y puesto a disposición del tribunal, que lo dejó en prisión preventiva en el penal Santiago Uno, pero con la posibilidad de salir libre si depositaba una caución de $300 mil. La fiscalía había pedido que fuera de $5 millones.
- “Reparar mal causado”, decía el asunto de la transferencia realizada desde Banco Estado en nombre de Villalobos Prado.
- Con estos antecedentes, el juez ordenó su liberación. “Atendido el mérito de la certificación efectuada por el Jefe de Servicios, donde consta que fue depositada la suma de $300.000 en la cuenta corriente del Tribunal, dese orden de libertad inmediata” al imputado, dijo la resolución del juez Paulo Orozco. Su salida se concretó el mismo jueves.
Por qué lo imputan por estafa. La fiscal Alina Escudero, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, expuso en la audiencia de formalización que el “6 de marzo de 2019, mientras la víctima (…) se encontraba en su domicilio laboral Cesfam Lucas Sierra (…), Conchalí, se percató que sujetos desconocidos, a través de una conexión fraudulenta a internet, accedieron en forma subrepticia a su cuenta Rut Banco Estado, efectuando una transferencia electrónica sin su conocimiento ni autorización, con destino a la cuenta Rut Banco Estado (…) correspondiente al imputado Juan Francisco Villalobos Prado, por la suma de $900.000”.
- “Dicha transferencia electrónica fue realizada por terceros desconocidos mediante la utilización de las claves bancarias pertenecientes a la víctima, obtenidas bajo engaño”.
- “El imputado, a sabiendas de la defraudación y concertado con sujetos desconocidos, facilitó su cuenta bancaria para recibir el dinero y concretar el fraude, causándole un perjuicio a la víctima ascendente al monto defraudado”, consignó el documento de la formalización.
- El tribunal autorizó también el alzamiento del secreto bancario de Villalobos Prado para efectuar la investigación.
- Villalobos ya registraba una condena de 2008 por un hurto en Puente Alto, a una pena de multa.
Por qué recibe la pensión de gracia. El 21 de agosto de 2020 el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ingresó en el Décimo Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago una querella contra quienes resultaran responsables de tortura con abuso sexual calificado contra Villalobos Prado. La querella —basada en el testimonio de Villalobos Prado— figura en el sistema de Poder Judicial como abierta y sin imputados conocidos. A continuación, los detalles:
La detención. “Según manifestó la víctima, Juan Francisco Villalobos Prado, el día 07 de noviembre de 2019, alrededor de las 22:30 horas y mientras se encontraba caminando a su domicilio tras participar de una manifestación pacífica en la comuna de La Florida, es interceptado sin mediar provocación alguna por un grupo de tres Carabineros sin identificación visible, en la intersección de las calles Santa Isabel y San José de la Estrella, quienes proceden a golpearlo en distintas partes del cuerpo con lumas y golpes de pie a objeto de reducirlo, para luego detenerlo y subirlo a un vehículo policial”, consignó el escrito.
Sin examen físico. “Desde ahí, es llevado directamente hasta el Centro de Salud Familiar Los Quillayes de La Florida para constatar sus lesiones, lugar en que no le realizan examen físico, sin embargo, generan un documento de atención de urgencia que es entregado a uno de los carabineros a cargo del procedimiento, sin poder ver qué se consignó en él”.
El calabozo. “Luego, es trasladado hasta la 36° Comisaría de Carabineros de La Florida, lugar en que es ingresado sólo para pedirle sus antecedentes personales ya que es nuevamente trasladado, pero hasta la Subcomisaría de Carabineros Los Quillayes de la misma comuna, lugar en que lo dejan como único detenido en un calabozo, siendo insultado y agredido con golpes de pie, puño y luma al ingresar”.
La presunta tortura. “Es en esta unidad policial donde encontrándose detenido, se le ordena por parte de los funcionarios a cargo que se desnude completamente y en esas condiciones lo esposan al tiempo que dos carabineros lo sujetan fuertemente de sus brazos mientras que un tercer funcionario policial introdujo un dedo en su recto, hecho que se repitió 4 veces mientras se le preguntaba de forma amenazante: ‘tení (SIC) algo … tení (SIC) droga’. Durante este procedimiento, además le fueron aplicados descargas de corriente eléctrica en sus dedos de las manos con un aparato que a simple vista identifico similar a una linterna”.
Panorama general. La pensión vitalicia entregada a un prófugo por estafa se sumó a los 6 casos conocidos de condenados del 18-O que también reciben dinero como “personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019”.
- Estos casos pusieron en entredicho el estándar utilizado por el gobierno para otorgar el beneficio, lo que derivó en el ingreso por parte del Ejecutivo de una indicación sustitutiva a un proyecto de ley parlamentario.
- Ésta, sin embargo, no permite retrotraer el beneficio a los casos ya otorgados, como pide la oposición y parlamentarios del Socialismo Democrático.
- El Presidente Gabriel Boric también pidió un informe para dimensionar el alcance del problema. En septiembre, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve dijo que se habían entregado 418 pensiones de gracia por el 18-O: 148 en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y 270 en esta administración.
- De éstos, dijo, 40 tenían antecedentes penales: 17 beneficiados por Piñera y 23 por Boric.
