El Departamento de Estado estadounidense publicó su informe anual sobre la situación internacional de DDHH. El capítulo de Chile incluyó las advertencias sobre el aumento de las denuncias de antisemitismo en el país tras el ataque del 7 de octubre de Hamás contra Israel, que dio paso a la guerra. El reporte mencionó la detección de rayados con esvásticas, un alza de contenidos discriminatorios en internet, y un tuit publicado por el alcalde de Recoleta el día del ataque de Hamás. En el apartado sobre corrupción, habló del Caso Convenios. A continuación, los detalles.
Antisemitismo. El informe anual del Departamento de Estado estadounidense sobre la situación internacional de Derechos Humanos (DDHH) abordó, en su capítulo sobre Chile, las repercusiones locales tras el ataque del 7 de octubre de 2023, en que soldados de Hamás irrumpieron en más de 20 comunidades del sur de Israel, matando a cerca de mil 200 personas y secuestrando a alrededor de 250. Se estima que más de la mitad de los rehenes permanece en Gaza, incluidos 34 que las autoridades israelíes dan por muertos.
- “La comunidad judía informó de un aumento del contenido antisemita en redes sociales tras el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre”, consignó la página 18 del informe sobre Chile.
- El documento cifró la comunidad judía local en 20 mil personas.
- El mismo 7 de octubre, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC) publicó en X “un extenso mensaje en relación con el ataque de Hamás a Israel”, dijo el reporte.
- “El pueblo de Palestina tiene el derecho a resistir. La comunidad internacional ha callado por años frente al genocidio y exterminio de mujeres y niños. Seguramente, la respuesta del sionismo será feroz. ¡Solución al conflicto es poner fin a la ocupación! #PalestinaLibre”, publicó el edil.
- En marzo, la embajadora Deborah Lipstadt —enviada especial del Departamento de Estados de EEUU para monitorear y combatir el antisemitismo— dijo ante el Congreso de ese país que “criticar las políticas del gobierno del Estado de Israel no es, por supuesto, necesariamente antisemitismo. Sin embargo, responsabilizar globalmente a todos los judíos por los desacuerdos políticos que se tengan con Jerusalén, sí es antisemitismo”.
- Bajo esa línea de argumentación, los dichos de Jadue calificando de “derecho a resistir” el ataque de Hamás, correspondería a un acto antisemita.
- El documento del Departamento de Estado, publicado el 22 de abril, desarrolló la situación tras el ataque del 7 de octubre, que dio origen a una guerra que ha dejado más de 34 mil muertos y 77 mil heridos, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, sin precisar cuántos son soldados y cuántos civiles.
- “Varias protestas pro palestinas posteriores incluyeron discursos antisemitas. Hubo dos incidentes de rayados de grafitis con esvásticas, uno en Concepción en marzo y el otro en Temuco, en septiembre”, dijo el documento.
- “Durante un acto público realizado en marzo, Gerardo Gorodischer, presidente de la Comunidad Judía de Chile, afirmó: ‘En Chile hay un odio antisemita que se propaga de forma permanente a través de las redes sociales, y aumenta dependiendo del estado de la situación palestino-israelí, lo que afecta a la comunidad judía local’”.
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Macrozona Sur. El reporte también recogió denuncias sobre la situación de comunidades mapuches en el Biobío y La Araucanía, sin precisar a cuáles se refería.
- “Mapuches de determinadas comunidades fueron objeto de amenazas y violencia, incluido el uso excesivo de la fuerza durante registros policiales”, dijo el documento.
- “Los mapuches también fueron sometidos de manera desproporcionada a amenazas, violencia y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en el contexto de delitos relacionados con el cultivo y el tráfico de drogas”.
- “Los indígenas y sus instituciones generalmente tienen una limitada participación en las decisiones que afectan sus tierras, cultura y tradiciones”.
- “Si bien hay demarcación de las tierras indígenas, algunas comunidades indígenas mapuche y rapa nui exigieron la restitución de otras tierras que eran de propiedad pública y privada”, consignó el documento.
Corrupción. El informe abordó también la situación de corrupción en Chile, resaltando el Caso Convenios, gatillado por la investigación a 3 contratos por $426 millones suscritos en 2022 entre la secretaría regional ministerial (seremi) de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, vinculada al partido oficialista Revolución Democrática (RD).
- El reporte detalló que medios chilenos mencionaron los vínculos entre directivos de fundaciones con partidos y funcionarios de gobierno, lo que habría dado origen a desvíos de fondos fiscales para esos proyectos.
- “A septiembre (de 2023), la Fiscalía Nacional investigaba a 53 organizaciones no gubernamentales (ONG) de todo el país para determinar si funcionarios del gobierno y de partidos políticos habían cometido delitos de corrupción, fraude al fisco, nepotismo y malversación de fondos públicos, por más de 40 millones de dólares”, dijo el informe.
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