Qué observar. A La Moneda le queda solo un mes para definir un plan de acción, socializarlo con los actores claves, negociar e implementar una fórmula que permita que las Isapres no caigan en insolvencia. Se trata de un tema del que ya han aparecido críticas internas por lo tardío del plan, dado que la Tercera Sala de la Corte Suprema resolvió la primera quincena de agosto favorablemente los recursos presentados por usuarios a partir del alza de la prima de Garantías Explícitas en Salud (GES).
- El dictamen constituyó un fuerte golpe para la industria, al abrir la puerta a devoluciones estimadas en US$ 500 millones y se sumó al dictamen del 30 de noviembre de 2022, cuando la misma sala -liderada por el juez Sergio Muñoz- estableció que las Isapres debían unificar sus criterios de cobro en torno a una tabla de factores y restituir cobros excesivos en un plazo de 6 meses, que en mayo se prorrogó por 6 meses y luego por otros 6 más.
- En el oficialismo señalan que el gobierno se jugó porque en este último caso las aseguradoras no pagaran una devolución de US$ 451 millones, como propuso una Comisión de Expertos, sino de US$ 1 mil millones, para evitar la sensación de un perdonazo.
- Con lo que no contaban era que la Corte Suprema rechazaría una prórroga de 6 meses en el caso de la devolución por las primas del GES y que los tiempos se les vendrían encima.
Ofensiva en el Congreso. La ley corta de Isapres está desde mayo en la comisión de Salud del Senado y pese al informe de la mesa técnica que se creó y las indicaciones ingresadas por el Gobierno, no ha tenido movimientos.
- De ahí que la situación es crítica.
- El riesgo de insolvencia por parte de las Isapres es a partir de enero y quedan sólo 2 semanas legislativas en las que desde el oficialismo y La Moneda consideran prácticamente imposible lograr sacar una ley que permita amortiguar la crisis, a partir del fallo de las primas GES.
- Por eso podría ser clave lo que ocurra con el reajuste al sector público.
- Su tramitación se realiza en diciembre y todos los años cuenta con discusión inmediata, lo que significa una “discusión exprés”.
- En este punto, señalan en el oficialismo, una idea que ha tomado mucha fuerza al interior del gobierno es considerar un reajuste al Indicador de Costos de la Salud (ICSA).
- Este indicador comprende los índices de variación de los costos de las prestaciones de salud, de la frecuencia de uso experimentada por las mismas y del costo en subsidios por incapacidad laboral del sistema privado de salud, lo que se traduce en que las Isapres podrán ajustar al alza sus precios base.
- La corrección del ICSA está contemplada en la ley corta de Isapres, pero el problema, como se indicó anteriormente, se relaciona con los estrechos plazos con que cuenta para ser tratado en el Congreso.
- “Se está evaluando a través de la ley del reajuste del sector público, que llega en los próximos días al Congreso, una enmienda miscelánea que permita que un indicador que se llama ICSA, pueda tener ahí un adelanto que permita hacer ajustes a los límites máximos de precios base”, explicitó el presidente de la comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS) a Radio Cooperativa.
Los protagonistas. “Parte de nuestro equipo ha estado trabajado con el Ministerio de Salud, sabemos que es una situación compleja la que se enfrenta”, dijo el ministro Mario Marcel este martes, luego de que en el Senado se despachara la ley de presupuesto.
- Las negociaciones de la ley corta de Isapres estaban siendo lideradas por la ministra de Salud Ximena Aguilera, y monitoreadas por el jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi.
- Pero ahora también se involucró los ministros Marcel y Álvaro Elizalde, de la Secretaría General de la Presidencia.
- Carlos Durán, el influyente jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, también está monitoreando permanentemente el asunto.
- Pero los roles de cada uno de los que se involucraron en el tema por parte del Ejecutivo son distintos.
- De Elizalde, por ejemplo, se espera que juegue un rol importante para conseguir los votos necesarios en el Congreso.
- La influencia de los asesores del Segundo Piso es marcada y las dudas persisten respecto hasta dónde llegará el apoyo del gobierno a las aseguradoras.
- A Durán y Crispi se les atribuyen las posturas más duras frente a las aseguradoras, luego de que el programa inicial de reformas del gobierno se estrellara frente a dos derrotas electorales (el plebiscito del 4S y las elecciones de consejeros constitucionales del 7M) y un Congreso en minoría. Esta situación ha levantado fuertes cuestionamientos que hasta ahora se han mantenido en privado.
La señal de la ministra. En el caso de la ministra Aguilera, la situación es más compleja. Esta semana terminó por levantar duros cuestionamientos por parte de la oposición, pero también por el oficialismo, por no asistir a una sesión de la comisión de Salud del Senado en que se abordó la crisis de las Isapres. En la Cámara Alta ya han notificado que las conversaciones se deben llevar a cabo con otros actores de La Moneda.
- Este viernes, de todas formas, la secretaria de Estado marcó posiciones en una columna publicada en El Mercurio, donde señala que “el Ejecutivo entiende que, dada la negativa de la Corte Suprema a la solicitud de prorrogar el cumplimiento de la sentencia GES, es necesario gestionar de forma rápida un adelanto de las medidas referidas a la optimización del cálculo del ICSA para permitir su pronta entrada en vigencia y se está trabajando en ello”.
- Para algunos, la mirada de Aguilera es distinta a la de los asesores presidenciales, a los que se les atribuye -como se mencionó- posturas más duras frente a las Isapres. En su columna, sin embargo, la ministra despliega los argumentos oficiales que ha entregado el gobierno, como es negar que la administración Boric busca terminar de facto con las aseguradoras y que ese comentario es un lugar común entre algunos expertos de salud, “varios de ellos con vínculos con dicha industria”.
