Este martes la Corte de Apelaciones acogió a un recurso de reposición que interpuso el abogado Mario Vargas para impedir que el Consejo de Defensa del Estado acceda a los chats sostenidos entre él y Luis Hermosilla, investigado en el caso Audios.
- Del celular de Hermosilla se han extraído más de 770 mil páginas de transcripciones de conversaciones mantenidas a través de la aplicación de mensajería WhatsApp y a las cuales el CDE pretende acceder.
- En su recurso, Vargas indicó que tiene conversaciones con Hermosilla “desde hace años, las que tienen diverso contenido, y que van desde cuestiones absolutamente personales, intercambio de opiniones, hasta las situaciones de algunos clientes que defendimos de forma conjunta, las que no tienen relación alguna con los hechos investigados, si no que se insertan dentro mi ámbito privado y el acceso a otras conversaciones importa una infracción al secreto profesional”.
- El fallo de la Corte de Apelaciones señala, entre otras cosas, lo siguiente:
“Que en el recurso de reposición la parte recurrente precisa que el hecho que califica como atentatorio de garantías constitucionales” en torno a “la instrucción impartida por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, excediéndose en sus atribuciones y potestades administrativas” para solicitar al Ministerio Público el acceso directo a las conversaciones de WhatsApp relativas al teléfono del señor Luis Hermosilla Osorio, dentro de las cuales existirían comunicaciones del recurrente que considera privadas y que de accederse a ellas, en su concepto, amenazaría sus garantías constitucionales”.
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“Que, por consiguiente, quien recurre en esta etapa de admisibilidad, con la precisión efectuada, logra satisfacer la exigencia de indicar hechos que pueden constituir vulneración de garantías constitucionales”.
“Por estas consideraciones y lo dispuesto en el inciso segundo, del numeral 2°, del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de reposición presentado por el abogado Mario Andrés Vargas Cociña, en consecuencia, se deja sin efecto lo resuelto el cinco de abril del año en curso y en cambio se declara admisible el recurso de protección”.
“Se ordena informe a las recurridas, Consejo de Defensa del Estado y Ministerio Público, quienes deberán evacuarlo en el término de cinco días, remitiendo a esta Corte, conjuntamente con su informe, todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto que ha motivado el recurso, bajo apercibimiento de aplicar alguna de las sanciones que establece el N°15 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales”.
Qué observar. El abogado Vargas había presentado un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, el cual fue inicialmente declarado inadmisible. Tras ello presentó otro recurso, esta vez de reposición, el que sí fue acogido.
- Ahora la Corte deberá fallar sobre el fondo y decidir si el CDE puede o no tener acceso a la información.
Informe de la UAF. Esta semana, además, se dio a conocer un informe que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) entregó al Ministerio Público el 20 de febrero. Se trata de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de las cuentas de Hermosilla y la abogada Leonarda Villalobos.
- Estos antecedentes forman parte de la investigación del caso Factop, el factoring de los hermanos Daniel y Ariel Sauer investigado por la facilitación de 10 mil facturas falsas por un monto cercano a los $13 mil millones.
- De acuerdo a su página web, “la Unidad de Análisis Financiero está legalmente impedida de iniciar investigaciones de oficio. Por tanto, para poder realizar inteligencia financiera, necesita que los sujetos obligados inscritos en el Portal de Entidades Reportantes le envíen los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a través de este sitio web”.
- “Si, tras analizarlos, la División de Inteligencia Financiera de la UAF detecta señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, la UAF remite confidencialmente uno o más informes al Ministerio Público, única institución responsable de investigar y perseguir penalmente ambos delitos”, añade.
- El informe indica que se contabilizaron en la cuenta bancaria del BCI de Hermosilla -entre septiembre de 2021 y octubre de 2023- abonos por $4.370 millones y cargos por $3.802 millones. La entidad bancaria informó que “no dispone de antecedentes que justifiquen el origen y magnitud de los fondos transados”.
- El mayor depositante registrado es Factop SpA, desde donde el abogado recibió $1.354 millones y les depositó $67 millones.
