Pasadas las 9:00 horas de este lunes comenzó en el 7º Juzgado de Garantía la audiencia que revisaría las salidas alternativas de la investigación conocida como caso Tsunami.
Al comenzar la audiencia, la Fiscalía pidió que esta se suspendiera para notificar al resto de las audiencias.
De esta manera, la nueva reunión quedó agendada para el 4 de abril a partir de las 9 horas.
En la ocasión, el tribunal se definirá respecto al acuerdo de salida alternativa suscrito entre la Fiscalía Regional Occidente, liderada por José Luis Pérez Calaf, y los imputados por presuntas responsabilidades en la fallida alerta de maremoto tras el terremoto ocurrido en la zona centro sur del país el 27 de febrero de 2010.
La audiencia de este lunes
Los abogados que representan a víctimas, anunciaron esta mañana su rechazo al acuerdo y se sumaron a la petición de notificar a las 17 víctimas que no tienen abogado antes de resolver.
"Vamos a rechazar como abogados la salida alternativa, pero creemos que se hace indispensable que sean notificadas todas las víctimas", indicó el jurista Alfredo Morgado.
Por otro lado, el abogado Raúl Meza, destacó que el fiscal Pérez lleva 55 días en las indagatorias y que el acuerdo corresponde a una "decisión prematura e infundada".
Luciano Fouillioux -abogado defensor de la ex directora de Onemi Carmen Fernández- comentó que "compartimos lo que han dicho las defensas, nos parece importante que para darle integridad al procedimiento pueda ser emplazada la víctima que no tiene abogado querellante".
El acuerdo
En el acuerdo se señala que el subsecretario del Interior de la época, Patricio Rosende, la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, el jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett y los marinos del SHOA (repartición de la Armada encargada de levantar las alarmas) Andrés Henríquez, Mariano Rojas y Mario Andina, tendrán que pagar una indemnización de $245 millones entre todos, leer una carta a las víctimas y financiar un seminario sobre este tipo de emergencias.
Los querellantes de la causa ya anunciaron que de ser aceptado el acuerdo, recurrirán a la Corte de Apelaciones de Santiago.
Esta mañana, en T13 AM, uno de los abogados querellantes, Alfredo Morgado, confirmó que se van a oponer a la suspensión condicional del proceso.
"Esto tendría que haber ido a un juicio oral, público y controvertido", indicó, y señaló que debió haberse escuchado a las víctimas antes de tomar la decisión.
Frente a la audiencia existen dos probables escenarios, que hoy se discuta el fondo del acuerdo o que la jueza decida suspenderla y realizarla más adelante con el fin de oir a los abogados que representan a víctimas.
