El Gobierno de Gabriel Boric remitió los antecedentes del juez Héctor Barraza a la Corte Suprema, al considerar que su decisión de revelar los antecedentes de más de 50 testigos protegidos en el caso que se lleva contra el clan Los Gallegos, el brazo operativo del Tren de Aragua en Chile, compromete su “conducta ministerial”.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, explicó que el Presidente tiene la facultad de velar por la conducta ministerial de los jueces y, en el marco de esta atribución, se le entregó los antecedentes al máximo órgano del Poder Judicial.
Tren de Aragua: Juzgado de Arica ordena a defensa devolver los antecedentes de testigos protegidos
“Esta mañana, por instrucciones del Presidente de la República, nosotros hemos remitido a la Corte Suprema los antecedentes que disponemos sobre la decisiones del juez, que en opinión del gobierno constituyen hechos graves que pueden comprometer esa conducta ministerial, de modo tal que el pleno de la Corte Suprema adopte las medidas que correspondan”, detalló el ministro Cordero.
“Es una situación muy excepcional. Creemos que, en la forma y modo en que se adoptaron las decisiones, es posible que se hubiesen dado incumplimiento a deberes funcionarios”, añadió.
Esta medida se toma luego que el juez Barraza acogiera una solicitud de la Defensoría Penal Pública para que se revelara las identidades de más de 50 testigos protegidos que declararon contra el brazo operativo del Tren de Aragua en Chile.
Pese a que la Corte de Apelaciones de Arica acogió la orden de no innovar de la fiscalía regional, algunos de estos antecedentes alcanzaron a ser entregado a la defensa de los imputados, aunque desde el gobierno dicen que esta información no alcanzó a ser conocida por terceros.
“De acuerdo a la información que hemos recopilado, esos antecedentes que fueron entregados, no fueron revelados a terceros, a la espera de la resolución del recurso de protección”, dijo Cordero.
Si bien desde el Ejecutivo evitaron calificar las decisiones del juez, si creen que no consideró algunos puntos al permitir que la identidad de los testigos protegidos fuese revelada.
“El Ejecutivo considera que hay dos aspectos; uno es el jurídico que se está discutiendo en tribunales, y el otro es la diligencia con los deberes funcionarios que tiene un juez, sin embargo, al Ejecutivo no le corresponde calificar el fondo de esa decisión. Sí considera que puede estar comprometida la conducta ministerial del juez y, en consecuencia, de conformidad a la Constitución, deja los antecedentes ante el pleno de la Corte Suprema”, explicó Cordero.
“La situación más compleja de este caso es que el juez no consideró que el fiscal que está a cargo de la investigación está sujeto a medidas de protección, y además de eso tampoco permitió que se permitiera la deliberación de la solicitud con la presencia de los querellantes”, añadió.
“Es una situación que, en nuestra opinión es compleja, es sensible, pero es especialmente sensible porque es un hecho público y notorio lo delicado y complejo que es una investigación en el caso del crimen organizado y de este caso en particular”, complementó.
Los Gallegos y el Tren de Aragua en Chile
En junio pasado, el Ministerio Público solicitó presidio perpetuo para once de los 44 detenidos que estarían vinculados al Tren de Aragua, a quienes se le imputan distintos tipos de delitos.
La investigación de la Fiscalía de Arica y de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI estableció que el clan “Los Gallegos” era liderado por los acusados Yoneiker Paredes Fagundez, Jorve Galavis García y Misael Zambrano Jiménez, seguidos de acusados que cumplían distintas funciones en la estructura criminal, como encargados de cobrar las extorsiones (vacunas), tráfico de drogas, trata de personas con fines de explotación sexual y labores de seguridad y sicariato, entre otros roles.
De los 44 acusados, 36 corresponden a ciudadanos venezolanos, además de un colombiano y un dominicano y el resto corresponde a ciudadanos chilenos (35 son varones).
“Se trata de una mega investigación que ha permitido dar fuertes golpes contra el crimen organizado y dejar tras las rejas a acusados sumamente peligrosos. La etapa investigativa ya está concluida y ahora corresponde seguir su proceso en sede judicial, a través de un juicio oral en que presentaremos todo nuestro trabajo para acreditar la participación de los acusados y que sean sancionados por estos hechos”, dijo el jefe regional de la fiscalía.
