En medio de la polémica que surgió entre la ciudadanía y las autoridades luego de que el Senado aprobara esta semana el control preventivo de identidad y se acusara de una similitud con la detención por sospecha en el marco de la tramitación de la agenda corta antidelincuencia, el defensor nacional Andrés Mahnke dio a conocer una encuesta en la que se evaluaron los derechos de las personas ante la justicia.
Según los datos del estudio "Percepción del Servicio de la Defensoría Penal Pública" realizado en diciembre de 2015 por el Centro de Encuestas de la Universidad Católica (Centro UC), los encuestados revelaron tener un bajo nivel de confianza en las entidades relacionadas con la justicia, como también aseguraron la existencia de derechos que serían vulnerados.
Ante esto, el 95% de los encuestados reveló la importancia de la existencia de una institución que defienda los derechos de los imputados, y el 70,7 % está de acuerdo con que el Estado garantice una defensa gratuita y de calidad.
Respecto de los derechos de las personas detenidas, el 89% de los consultados estuvieron de acuerdo con la frase “una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, esto a pesar de que reconocen que “ser tratado como inocente” es el derecho menos respetado.
“Para la Defensoría esta información es muy relevante, pues por un lado vemos cómo en Chile se valora la presunción de inocencia para la realización de un juicio justo, pero las personas se dan cuenta que este derecho fundamental no se respeta” señaló el Defensor Nacional, Andrés Mahnke.
Otro de los datos revelados por la encuesta es que, el 36,2% cree que el principal problema del país es la delincuencia, esto seguido por la corrupción con un 9,9% y la pobreza con un 9,5%. Mientras un 14,6% declaró que ella o algún miembro de su hogar ha sido víctima de algún delito, el 54% está de acuerdo con las detenciones ciudadanas.
Por otro lado, la encuesta mostró que la ciudadanía considera que la medida más importante para mejorar el sistema de justicia es la inversión en prevención y detección temprana de delitos, seguida por la rehabilitación y la reinserción social.
El 83,8% de las personas encuestadas está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que “la justicia es igual para todos” y un 95% está de acuerdo con la frase “existen grupos privilegiados que reciben beneficios judiciales ya sea por su apellido o por su estatus social”.
