En un informe fechado el 3 de junio de 2016 el Ejército admite que los archivos que manejaba la Central Nacional de Información (CNI) entre 1980 y 1982 fueron quemados.
"Como resultado de los hechos investigados, se concuerda con lo dictaminado en la Investigación Sumaria Administrativa, en el sentido de que se puede confirmar y acreditar con certeza la inexistencia de información de inteligencia y contrainteligencia archivada entre los años 1980 y 1982", señala el documento al que tuvo acceso ADN.
El documento cuenta con la firma del entonces jefe del Estado Mayor General, Ricardo Martínez Menanteau, que recientemente fue designado nuevo comandante en jefe del Ejército.
El informe muestra las conclusiones de una investigación que buscaba para determinar las actividades de inteligencia de la CNI y las acciones realizadas contra el Presidente Eduardo Frei Montalva.
En la resolución se concluye que "se incumplieron las disposiciones reglamentarias referidas al manejo, archivo y destino de la documentación de inteligencia, sin que se vislumbre la razón o motivos para ello, sumado a lo anterior la existencia de disposiciones orales o escritas sobre la materia".
"Resulta absolutamente antirreglamentaria la inexistencia de información de inteligencia y contrainteligencia anteriores al año 2001, siendo reprochable y objeto de sanciones la destrucción sin la confección de la correspondiente acta de incineración", agrega.
Por lo mismo, la revisión completa del archivo de la DIN confirma "oficialmente la inexistencia" de archivos correspondientes a los años 1980 y 1982, así como una carpeta investigativa referida al ex Presidente de la República, don Eduardo Frei Montalva".
El documento establece que Martínez no pude determinar cómo se perdieron los documentos, ya que al no existir pruebas de su existencia "no se ha podido determinar su lugar de archivo, eventual microfilmación, personas que intervinieron en ello, circunstancias y pormenores de su confección, catalogación, archivo y destrucción".
Y agrega que "cualquier sanción disciplinaria (…) e incluso la responsabilidad penal por la eventual ocurrencia de un crimen o simple delito (…) resultaría imposible de aplicar", ya que los responsables de la custodia, catalogación, archivo e incineración de la documentación, "se encuentran en su totalidad en situación de retiro de la institución" y "resulta de público conocimiento institucional el fallecimiento de varios de ellos".
