El National Secutiry Agency, una ONG de la Universidad de Georgetown, liberará este viernes cinco cables confidenciales que revelan las maniobras que utilizó Augusto Pinochet para encubrir el Caso Quemados en 1986, informa este viernes el diario español El País.
Según los documentos, Pinochet fue quien puso freno a las investigaciones para determinar la implicancia de los responsables del ataque de ese 2 de julio, en que patrullas militares quemaron a dos manifestantes en las protestas contra la dictadura. El ataque provocó la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri e hirieron de gravedad a la estudiante universitaria Carmen Gloria Quintana.
“Los abundates detalles de los documentos desclasificados podrían servir de apoyo a la acusación. (…) Los documentos vinculan a Pinochet con el encubrimiento de un crimen de cuya autoría militar no caben dudas”, señaló el responsable de la investigación, Peter Kornbluh, al diario español. Agregando que pese a que los cables fueron desclasificados hace más de una década, los detalles toman una nueva relevancia ahora que el Caso Quemados fue reabierto.
Los archivos que publicará este viernes el National Security Archive evidencian cómo las maniobras de encubrimiento se iniciaron en el mismo hospital al que fueron trasladados los jóvenes heridos.
El primer cable lo envió el Departamento de Estado dos días después de la muerte de Rojas. Ahí dice que el fotógrafo fue quemado “de forma deliberada por soldados”. El reporte además señala que “Médicos en la Posta Central (el hospital público de urgencias) afirman que el director de la Posta obstruyó el traslado de Rojas a una clínica mejor equipada para tratarlo”. Además se impidió que las víctimas recibieran visitas por “problemas legales”.
Otro documento emitido el 14 de julio a la Casa Blanca señala claramente al Ejército como culpable de la tragedia. “El Gobierno chileno, siguiendo directivas de Pinochet, está tratando de tachar públicamente como terroristas a Rojas y a Quintana, que habrían sido víctimas de sus propios cócteles molotov”, lee el reporte.
El siguiente data del 22 de julio desde Santiago a Washington con el informe final de Carabineros, que asegura la responsabilidad de los militares en el hecho. El general director de Carabineros le hizo llegar el documento a Pinochet, pero éste se negó a recibirlo.
Un nuevo cable se emitió el 27 de agosto, y da cuenta de que el gobierno chileno cambió en varias ocasiones la versión de la quema y añade que se llevó a cabo una operación para intimidar a los posibles testigos.
El último informe es del 18 de diciembre y tiene timbre dela CIA. Ahí se cita a abogados que aseguran que el ministro de Justicia, Hugo Rosende, ejerció presión sobre los jueces para desestimar el caso con el fin de “alargarlo”.
