Diputados del PC recurrirán a la justicia internacional por Caso Degollados
Diputados del PC recurrirán a la justicia internacional por Caso Degollados
Esta tarde diputados del Partido Comunista manifestaron su descontento por el veredicto de la Corte Suprema que este miércoles ratificó la libertad condicional para el sargento de Carabineros en retiro Alejandro Sáez Mardones, uno de los condenados en el "Caso Degollados" (como es conocido el homicidio en marzo de 1985 de los profesores comunistas José Manuel Parada y Manuel Guerrero y el publicista Santiago Nattino), por lo que recurrirán a la justicia internacional.
"Los crímenes de lesa humanidad en ninguna parte del mundo tienen beneficios carcelarios ni contemplan relativización de las penas" indicó el diputado Daniel Nuñez, quien además se dio tiempo de comparar la situación actual de la justicia chilena con lo ocurrido en dictadura.
"Si bien hubo jueces valientes que se decidieron a denunciar a los agentes del Estado y defender a las víctimas de los crímenes, tuvimos una Corte Suprema que avaló cada una de las violaciones a los Derechos Humanos”, sentenció el jefe de la bancada PC-IC.
Por su parte, el presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Tellier ratificó que se buscará apoyo en la justicia internacional para revertir la situación puesto que "no podemos quedarnos callados, porque es un hecho repudiable el que queden en libertad este tipo de personajes".
Además el legislador agregó que Sáez Mardones “fue de los que actuó con mayor saña y crueldad contra nuestro compañeros que fueron degollados. No fue cualquier crimen. Fue un crimen horroroso que nos ha conmocionado como sociedad".
Otro que se refirió a la polémica decisión de la Corte Suprema, fue el diputado de Tarapacá Hugo Gutiérrez quien indicó que "otorgarle un beneficio a alguien que no se arrepiente de haber degollado a tres personas, es darle un beneficio carcelario a quien ni siquiera da cuenta del ilícito cometido".
Finalmente el diputado reafirmó que recurrirán al Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos puesto que es una obligación que quede claro que en los delitos de lesa humanidad no se puede dar beneficio alguno.
