Una Acusación Constitucional presentará el diputado RN Andrés Longton en contra de la jueza Silvana Donoso, quien en el año 2016 presidió la comisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante, único imputado por el asesinato de la menor Ámbar Cornejo, en Villa Alemana.
El denominado “asesino del tambor” había sido condenado por doble homicidio en 2005, pudo acceder a la libertad condicional tras cumplir sólo 11 de los 27 años de condena por los que había sido sentenciado, y a pesar de un informe negativo por parte de Gendarmería de Chile.
El parlamentario, haciendo uso de sus facultades, hará la presentación este lunes apuntando a un notable abandono de deberes.
La Acusación Constitucional es una facultad con que cuenta el Congreso para realizar una suerte de juicio político al actuar de autoridades de gobierno y del poder judicial. Desde 2005 -cuando debuta este mecanismo- se han interpuesto dos libelos contra magistrados. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido aprobado en su primera fase durante la Cámara de Diputados.
En 2014 se ingresó una acusación constitucional en contra de Héctor Carreño Seaman, ministro de la Corte Suprema , a quien un grupo de diputados acusó de ocultar un informe que detectó irregularidades en el Sename.
Cuatro años después los ministros de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller enfrentaron otra acusación luego que se le otorgara la libertad condicional a un grupo de condenados por violaciones a los DD.HH.
¿Cómo se le otorgó la libertad condicional a Bustamante?
Tal como detallamos hoy en T13.cl, el principal sospechoso del crimen de Ámbar accedió a la libertad condicional en 2016, año en se registró un verdadero "boom" de entrega de libertades condicionales, pasando de 2.276 concedidas en 2015 a 4.609. Y fue la región de Valparaíso la que presentó la mayor alza, pasando de 108 beneficios en 2015 a 1.128.
De esos más de mil beneficios otorgados en 2016 en la región de Valparaíso, 788 fueron entregados durante la revisión que se realizó en el mes de abril, donde un total de 800 reclusos pidieron la revisión de sus antecedentes. Uno de ellos, Hugo Bustamante, quien en ese entonces cumplía 11 años de reclusión.
Un reportaje de la revista El Sábado reconstruyó en ese entonces la entrega de la libertad condicional al "asesino del tambor", dando seguimiento a su proceso de reinserción tras dejar el sistema carcelario.
Es ahí donde se cuenta cómo la jueza Silvana Donoso -quien presidía la comisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso encargada de hacer la revisión de los casos- generó un acuerdo con los otros jueces para determinar los parámetros a considerar en la entrega de libertades condicionales.
El reportaje señala que decidieron ceñirse al pie de la letra de la ley vigente en ese entonces: o sea, que todos quienes registraran buena conducta y tuviesen la mitad de la pena cumplida podrían acceder al beneficio. Aunque Bustamante no cumplía el segundo requisito, jugaba a su favor un decreto que fijaba la posibilidad de conceder la libertad al cumplir 10 de 20 años de presidio.
Sin embargo, había un informe de Gendarmería que no recomendaba la entrega del beneficio a Bustamante, a quien calificaban como un "interno que requiere intervención y un mayor período de observación intrapenitenciario, ya que las variables psicosociales determinan un pronóstico incierto".
La jueza Donoso -quien recordaba el caso del "asesino del tambor"- le preguntó a sus pares si preferían retroceder y fijar nuevos parámetros para ver los casos. El Sábado cuenta que cuando cotejaron el informe de Bustamante con el de otros reos los párrafos eran idénticos.
Finalmente, un 90% de los reos que solicitaron el beneficio en la región de Valparaíso durante ese proceso pudieron acceder a él.
La situación generó revuelo mediático y preocupación en el Congreso, lo que motivó una reforma que endureció los requisitos para acceder a la libertad condicional.
En cuanto a la reincidencia de quienes acceder a este mecanismo, un análisis de la Fundación Paz Ciudadana cifra en un 23,4% las personas que vuelven a cometer delitos cuando cumplen un régimen de libertad condicional. En tanto, la cifra de reincidencia se eleva a un 58% en quienes dejaron la prisión tras cumplir su condena de manera total, sin beneficios.
