Tras la dictación del fallo por primas GES de las isapres de la Corte Suprema el 10 de agosto pasado y el rechazo de la Tercera Sala del máximo tribunal a todas las apelaciones de las aseguradoras en las últimas semanas, esa industria estaba expuesta a una inminente aplicación de la sentencia.
En este escenario, el Gobierno se encontraba evaluando solicitar una prórroga a la aplicación de dicha sentencia, decisión que la Superintendencia de Salud concretó en la tarde de este viernes, pidiendo al máximo tribunal la postergación la aplicación de ese fallo por un plazo de seis meses.
El regulador hizo la solicitud a través de un recurso de aclaración, que busca que el máximo tribunal determine si el efecto colectivo “tiene el alcance para que esta Superintendencia de Salud proceda a dictar una instrucción general que permita dar aplicación práctica y oportuna a aquellos afiliados que, no obstante encontrarse beneficiados por las sentencias en materia de GES, no han judicializado sus casos para el solo efecto que las isapres puedan aplicar en lo sucesivo las primas establecidas por su excelentísima”.
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La entidad indica que en el caso de que la aclaración “resulte afirmativa, esta Superintendencia puede dictar las instrucciones dentro del plazo de seis meses, salvo que la excelentísima estime algo diferente”.
Argumento de la autoridad
La Superintendencia de Salud, que encabeza Víctor Torres, argumentó que lo anterior se justifica en que su principal interés es "resguardar la continuidad de las prestaciones y beneficios a los afiliados, lo que podría verse comprometido por el eventual impacto en los indicadores que supervigila este servicio al dictar instrucción en esta materia, lo que requiere un plazo prudente para que las isapres puedan ajustar su operación sin impactar a sus beneficiarios”.
De esta forma, el regulador aceptó la solicitud en este sentido que formuló un grupo de isapres ante una inminente aplicación de la sentencia. Ese escenario, advierten, tendría efectos inmediatos sobre la estructura financiera del sistema privado e implicaría una significativa reducción de ingresos que el informe del comité técnico convocado por el Senado, estimó en niveles de 12% mensuales.
La Superintendencia de Salud adoptó una decisión similar a la que aplicó respecto del fallo por tabla de factores de noviembre pasado, en dos oportunidades, por un plazo de seis meses, por lo cual su entrada en vigencia pasó a coincidir con el plazo previsto de desarrollo de toda la tramitación de la ley corta de isapres, hacia mayo de 2024.
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