Tres contribuciones impagas fueron el detonante para que dos mujeres fueran obligadas a abandonar su casa en la comuna de Zapallar, tras la realización de un remate por deudas que mantenían con el Estado.
La deuda con el Fisco representaba menos del 1% del valor de la casa, avaluada en más de 700 millones de pesos, y fue por esa deuda que a fines del 2018 se inició un proceso de cobranza que jamás pensaron que terminaría con la pérdida de su hogar, y mucho menos, en plena pandemia.
"Me llegó una notificación que firmé diciendo que debía dos cuotas de contribuciones, las dos últimas del 2018. Y que no eran posibles para mi poder pagarlas", dijo Virginia Struthers, una de las afectadas por el remate de su casa.
Sin embargo, personal de Carabineros y un auxiliar de la administración de justicia llegaron el viernes pasado para hacer efectivo el desalojo.
Para el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, el reavalúo de las propiedades ha estado generando problemas a varios vecinos de la comuna y que el alza en el valor de las contibuciones se ha convertido en "un impuesto expropiatorio".
Además del desalojo, Virginia Struthers denuncia otra situación que le llama la atención de este proceso. Según la perjudicada, su familia pagó contribuciones durante más de 50 años y fue embargada por los incumplimientos de solo un periodo. Por lo tanto, ¿existe alguna ley que determine el número de contribuciones impagas para activar el embargo y remate de una casa?
Desde la Tesorería General de la República, a través de un comunicado, explicaron que según la normativa interna de cobranzas, el monto tope de una deuda por contribuciones es de un millón de pesos, sin importar del número de cuotas impagas o de la antiguedad de incumplimientos.
Además, la entidad confirmó que el remate de la propiedad cumplió todos los pasos legales, hecho que se concretó con la salida de esta familia el viernes pasado.
¿Soluciones?
Un proyecto de ley busca suspender este tipo de actuaciones judiciales mientras se extienda la emergencia sanitaria. Aunque ya fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados, aún le restan trámites para que se convierta en ley.
Mientras tanto, Virginia Struthers se encuentra a la espera del resultado de un recurso presentado en la Corte Suprema para poder revertir esta adversa situación.
