Tras concretarse la segunda audiencia de formalización de la investigación por presunta corrupción al interior del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se definieron las medidas cautelares contra ocho de los 21 imputados por la causa que investiga delitos de fraude al fisco, lavado de activos y cohecho.
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De ese modo, la jueza de Garantía Pilar Ahumada, decretó prisión preventiva para siete de ellos, mientras que uno quedó con medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma semanal.
Quienes quedaron en prisión preventiva son Marcos Rivas, Cristián Labra, María Cristina González, Alejandro Jara, funcionarios del Minvu, junto con otros tres particulares de las empresas vinculadas a estos ilícitos.
Asimismo, en dicha audiencia se decretó un plazo de ocho meses de investigación a contar de este domingo.
El fiscal que lleva el caso, Francisco Ledezma, aseguró que la decisión del tribunal fue la "adecuada".
Además indicó que "las medidas cautelares tienen que ser proporcionales a los hechos que nosotros imputamos, y en ese sentido pudimos conversar con las defensas previamente, llegar a un acuerdo con esas medidas cautelares y que a nosotros desde luego nos dejan conforme".