La Corte Suprema señaló su preocupación a la presidenta Michelle Bachelet sobre “la desatención” que consideran ha tenido el Ejecutivo hacia el Poder Judicial.
La carta, firmada por el presidente del máximo tribunal, Hugo Dolmestch, indica que este poder de Estado “en sus políticas de gestión y ejecución no genera problemas para el Ejecutivo”, por lo que no se justificaría la desatención de las políticas del Gobierno, como los congelamientos de sueldo y las iniciativas retiradas que planteaban un mejoramiento de esta.
Como consigna hoy El Mercurio, en el documento se entregan las principales observaciones de los distintos proyectos que fueron retirados, como el programa de 100 medidas en beneficio del Poder Judicial y los cuestionamientos hacia el Ministerio de Hacienda. Esto, luego de que se negara a complementar las inversiones de infraestructura en el presupuesto 2016, y por lo que no se pudieron concretizar proyectos como los Centros de Justicia de Tomé, Los Ángeles, Ancud, La Serena, entre otros.
Otro de los puntos importantes es la regularización del traspaso al Poder Judicial de 321 propiedades que siguen a nombre del Ministerio de Bienes Nacionales, ante lo cual la misiva no se explica que “se justifiquen o no se investiguen tales hechos”, además de que “no se ponga remedio al traspaso de fondos al presupuesto asignado”, compromiso que el Ejecutivo no ha cumplido.
“El espíritu de colaboración en referencia y el trabajo mutuo no se ha mantenido el presente año”, refiriéndose al proyecto que crea 110 jueces en los tribunales de primera instancia del país, el cual no ha continuado con su tramitación en el congreso.
En cuanto al congelamiento de sueldos: “El tratamiento diferenciado de la política de remuneraciones para el Poder Judicial ha sido constante, circunstancia que lejos de beneficiar a los funcionarios, profesionales y jueces que lo integran, en un perspectiva de largo plaza ha importado una demanda siempre diferida, con beneficios ampliamente discutidos y siempre menores que otros sectores”, mencionan.
El reclamo se enmarca en que el año pasado no se aplicó la desvalorización monetaria de altos cargos de administración en el Poder Judicial, acción que consideran fue una “determinación no exactamente solo un tema de recursos, tampoco es un problema técnico, se trata al parecer más bien de una determinación política”.
Aunque los magistrados son conscientes de los sueldos dignos que reciben, consideran que estos congelamientos “afecta seriamente la carrera judicial”, agregando que provocan un desincentivo y pocos “deseos por ascender”.
El documento concluye con la petición de que el Ejecutivo revise los anteproyectos que están siendo tramitados por la Justicia como la reasignación de competencias del Ministerio Público Judicial, la creación de la Tercera Corte de Apelaciones de Santiago y especialización de salas, entre otras medidas.
