La Corte Suprema condenó al fisco a pagar una indemnización de 40 millones de pesos a un imputado que había sido formalizado erroóneamente como autor del delito de robo con violación y que estuvo 79 días en prisión preventiva. El examen de ADN realizado al hombre demostró que no estaba involucrado.
La sala del máximo tribunal estableció la responsabilidad del Estado por el actuar deficiente y pasivo que tuvo el ente persecutor durante el plazo de investigación, la excesiva demora en la entrega del examen de ADN que resultó exculpatorio, y al solicitar audiencia para revocar la prisión preventiva, una vez que tuvo el informe en su poder.
"Que el examen de los antecedentes fácticos antes reseñados permite concluir que el comportamiento del Ministerio Público puede ser conceptuado como injustificadamente erróneo o arbitrario", dice el fallo.
“La época en que el informe genético fue confeccionado se registraban 53 días de atraso y, del mismo modo, se contaban 18 días de dilación desde la expiración del plazo para el agotamiento de la investigación, término de 45 días caducado el 12 de septiembre de 2013", explica.
Los hechos ocurrieron en la región de Coquimbo, en 2013, y la Corte Suprema consideró que el Ministerio Público tuvo un actuar pasivo en la causa.
"De las dilaciones cuestionadas se deriva que no se ejecutaron acciones tendientes a la efectiva realización de una diligencia probatoria esencial para el adecuado esclarecimiento del hecho investigado y, a continuación, no se actuó con el debido celo frente a un antecedente que evidentemente exculpaba al imputado", dice el máximo tribunal.
"Que especial mención cabe hacer a la pasividad de la defensa del actor, cuyo despliegue no satisfizo los estándares mínimos exigibles para su adecuada representación, comportándose como un mero espectador frente a las omisiones que aquí se reprochan al Ministerio Público", añade.
