Una indemnización total de $1.840 millones tendrá que pagar el Estado de Chile a las víctimas del tsunami del 27 de febrero de 2010, según una sentencia del Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
El pago será repartido entre 74 familiares de las 20 víctimas que dejó la fallida alerta de tsunami que tuvo lugar tras el terremoto de magnitud 8,8 con epicentro en la costa frente a Cobquecura, región del Biobío.
El fallo fue unánime y establece que las indemnizaciones a pagar fluctuaran entre los $7,5 y 30 millones entre las familias de fallecidos y quienes resultaron heridos en Juan Fernández, San Antonio, Constitución, Talcahuano y Tomé.
La sentencia descarta infracción de ley en el fallo del juez del Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago, Pedro García, que en abril pasado estableció la responsabilidad de la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (Onemi) y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) por falta de servicio.
“Que si bien es efectivo que, en general, cualquiera persona, atendido al sismo previo al tsunami, pudiera no haber reaccionado en la forma que correspondía frente a la eventualidad de un maremoto, no es menos cierto que, al contrario de lo que señala la parte demandada, ello no resulta aplicable a las autoridades que ostentaban cargos que les imponían precisamente la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar o al menos paliar las consecuencias de este tipo de fenómenos naturales”, dice el fallo.
Agrega que: “la falta de servicio de parte de las referidas autoridades aparece debidamente acreditada con las probanzas que en cada caso se señala, en la forma que se expone en los fundamentos del fallo de primer grado que a continuación se indica: 18° a 24° respecto de Juan Fernández; 25° a 30° de San Antonio; de 31° a 35° de Constitución; 36° a 41° de Talcahuano; de 43° a 45° de Tomé”
