El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, admitió que ya se superó la proyección de ocupación de las cárceles a lo largo del país y que actualmente hay cerca de 54 mil personas privadas de libertad.
En conversación con Tele13 Radio, Cordero detalló que "en la última parte del 2021 el país mantenía aproximadamente 40 mil personas privadas de libertad y en pocos meses el sistema aumentó muy intensamente. En marzo estábamos cerca de 49 mil, había una proyección de más de 50 mil para el próximo año y ese número llegó muy rápidamente a mediados de año. Hoy estamos con aproximadamente 54 mil personas privadas de libertad".
Cordero, además, indicó que "está aumentando significativamente la prisión preventiva, lo segundo es que están aumentando las mujeres privadas de libertad (...) El 90 por ciento de las personas que ingresan privadas de libertad son jefas de hogar y el 85 son madres".
En ese sentido, el ministro señaló que "el otro fenómeno es que han aumentado mucho las personas privadas de libertad de nacionalidad extranjera. Estábamos en el 2021 alrededor de 2 mil 500, un poco más, hoy estamos llegando a cerca de 7 mil y eso también genera otro tipo de efectos".
Aumento de violencia en las cárceles: Responsabilizan a inmigrantes de agresivas prácticas
Por otro lado, consultado con respecto a la iniciativa de encarcelar a menores de 16 años, Cordero aseveró que "existe prisión para menores que cometen delitos graves, lo que pasa es que tenemos un régimen... y para eso dictamos la ley de responsabilidad penal adolescente que separara a los menores de 18 años de los adultos".
"La reforma que acaba de haber aprobado el Congreso en enero de este año, que crea el servicio nacional de reinserción juvenil y que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente tiene fuerte énfasis en reinserción que comienza a operar en la zona norte del país a partir del 12 de enero del próximo año", recordó Cordero.
El titular de Justicia, añadió, que "el acuerdo del Congreso era avanzar en el caso de jóvenes infractores de ley, incluso en el caso de delitos graves con privación, con internación obligatoria, pero con una política de reinserción muy intensa. No tratarlos como adultos tiene una finalidad de política pública muy clara durante bastante años en Chile, tratar de interrumpir esas carreras delictuales por la naturaleza de los tipos de delitos que ellos comenten en general".
