Por primera vez en casi 90 años, la Contraloría General de la República intervino en un proceso judicial, enviando una solicitud firmada por el propio contralor, Jorge Bermúdez, a la Corte de Apelaciones de Santiago.
En el escrito presentado el 8 de septiembre, se solicitó que se declare la nulidad del juicio seguido a partir de la presentación de funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), sobre su demanda de que su régimen de pensiones sea el de las Fuerzas Armadas y no el de las AFP, según consignó La Tercera.
La solicitud llegó después de que el tribunal de alzada de Santiago ordenó integrar a más de mil funcionarios al sistema previsional Capredena.
Bermúdez, sostuvo que la Contraloría no fue notificada, que existe jurisprudencia contenida en dictámenes y que lo que se está cuestionando son decisiones emitidas por el organismo. Esto debido a que la acción judicial fue dirigida al Fisco y la contraparte ha sido el Consejo de Defensa del Estado.
En el documento se indicó que “la Contraloría General no ha sido notificada ni emplazada legalmente. La falta de emplazamiento ha impedido a esta entidad (…) la defensa en juicio de sus atribuciones, afectado los interés públicos confiados por el constituyente y el legislador a esta institución”. La relevancia del documento está en que, si bien cualquiera fiscal de la Contraloría podría haber presentado la acción, el texto cuenta con la firma del Contralo General, lo que enfatiza la relevancia de la decisión.
El acto llevado a cabo por Bermúdez busca evitar, tanto ante el Fisco como a la Contraloría, que se siente el precedente en caso de que el juicio hubiese fallado a favor de los funcionarios de la DGAC, de demandas de organismos similares para unirse a Capredena.
En el documento se plantea que “la acción (…) está encaminada a obtener, de parte de los Tribunales de Justicia, una interpretación diversas de la mantenida por esta Contraloría”, lo que abriría el espacio para que grupos acudieran a la justicia a discutir dictámenes de la Contraloría sin que el organismo pueda ejercer su derecho a defenderse.
Además, en el texto hay un punto completo dedicado a fundamentar la capacidad de la Contraloría para intervenir en juicios de forma directa, aun cuando hasta la fecha se hace a través del CDE. Se indica que la entidad “tiene capacidad procesal para comparecer y ser emplazada en juicio”, basado en “la autonomía constitucional y legal reconocida por el ordenamiento jurídico”.
En el documento añaden que la Contraloría “está facultada para proceder judicialmente o para hacerse parte en procesos jurídicos, por intermedio de otros organismos, podrá hacerlo directamente”, esto de acuerdo al inciso final del artículo 22 de la ley, lo que había sido anunciado en una charla a mediados de agosto por Bermúdez.
En la charla, se explicó que la entidad asumiría un rol protagónico para defender el patrimonio fiscal y que eso incluiría que este organismo acudiera a los tribunales de justicia, haciendo pleno uso de las facultades que le entrega la ley. Se enfatizó, en esa ocasión, que la atribución sería utilizada, especialmente, para los casos que involucren recursos públicos cuantiosos.
El Contralor afirmó que “más que estar reclamando por lo que dice o no dice la ley, ella tiene que trabajar con lo que tiene”.
Los demandantes y el CDE, deberán fijar su posición ante el recurso y de acuerdo a eso, ver si presentan descargos.
Si se acoge la presentación y se declara la nulidad del juicio, los demandantes deberán regresar al 29° Juzgado Civil de Santiago para que se emplace a la Contraloría “en su calidad e parte interesada actual y directamente en el proceso”, de acuerdo a lo que sostenido por la entidad, para que puedan entregar directamente sus descargos.
