Por Pablo Cádiz y Javiera López
La Contraloría determinó que el protocolo que regula la objeción de conciencia en el proyecto de despenalización del aborto en tres causales "no se ajusta a derecho".
Entre sus razones, señala que los establecimientos públicos de salud no pueden invocar la objeción debido a que "es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud".
En esta lógica, plantea que las instituciones privadas que tengan convenio con el Estado tampoco pueden negarse a interrumpir embarazos, "puesto que al recibir financiamiento público se entiende que sustituyen a los servicios de salud y que forman parte de la red pública de salud".
A esto se suma que la Contraloría hace ver que la objeción de conciencia constituye una figura jurídica de "carácter excepcional", tanto a nivel nacional como en el derecho comparado, "puesto que se trata de un mecanismo establecido para justificar que determinadas personas puedan dejar de cumplir su obligación legal". Es por ello que advierte que, salvo que esté consignado en la ley, la autoridad administrativa (en este caso, el Minsal vía reglamentos) "no puede" fijar elementos que alteren ese carácter excepcional.
La contraloría emitió este pronunciamiento a raíz de una serie de presentaciones ingresadas por parlamentarios de la oposición, luego del cambio realizado por el gobierno de Sebastián Piñera al documento que regulaba la objeción de conciencia institucional, presentado por la anterior administración de Michelle Bachelet.
Un cambio que, en la práctica, permitía a instituciones privadas que contaban con convenios de prestación de servicios de salud con el Estado, negarse a interrumpir embarazos en alguna de las tres causales contempladas en la ley: peligro de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.
Una decisión que generó rechazo en la ex Nueva Mayoría, que promovió una interpelación contra el actual titular del Minsal, Emilio Santelices.
Ahora, con esta dictamen, la Contraloría instruye al gobierno adoptar "las medidas necesarias" para dejar sin efecto el polémico protocolo.
¿Por qué se considera a las clínicas con convenios como parte de la red pública?
El dictamen de la Contraloría explica que las redes asistenciales están constituidas, "entre otros, por aquellos establecimientos públicos o privados que celebren convenios con el Servicio de Salud respectivo, y que el decreto con fuerza de ley en comento autoriza y regula precisamente el traspaso de funciones públicas propios de los servicios de salud a otras entidades públicas o privadas".
"Considerando eso (…) las entidades contratantes, en el cumplimiento del respectivo convenio no pueden adoptar una posición que les impida realizar las prestaciones de salud a las que se encuentra obligado el Estado", explica.
A esto se agrega que "cuando una entidad suscribe un convenio al amparo del citado decreto con fuerza de ley con los mencionados Servicios de Salud, aquella toma el lugar del respectivo servicio para los efectos de otorgar o prestaciones de salud convenidas, es decir, al ejecutar la acción de salud que se trate, la entidad contratante se encontrará desarrollado una función pública".
Gobierno "acatará" dictamen y Frente Amplio pide salida de Santelices
Tanto el oficialismo como la oposición reaccionaron al dictamen. La ministra vocera, Cecilia Pérez, fue la encargada de entregar la opinión del Ejecutivo, señalando que si bien no comparten la decisión de la Contraloría, esta será acatada, por lo que se presentará un nuevo protocolo que incorpore las objeciones de la Contraloría.
Desde la oposición, la ex Presidenta Michelle Bachelet valoró el dictamen, señalando que "defiende el derecho de las mujeres a decidir" frente a las tres causales contempladas en la norma, mientras que la senadora DC Ximena Rincón acusó "desprolijidad" de La Moneda.
En tanto, desde el Frente Amplio emplazaron al ministro Santelices a dar un paso al costado. De lo contrario, no descartan presentar una acusación constitucional en su contra.
